Yunda revive la gravedad de la pandemia ante el tribunal

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Yunda revive la gravedad de la pandemia ante el tribunal

El exalcalde de Quito dio su declaración sin juramento en el juicio de peculado por las pruebas PCR. El exfuncionario explicó el contexto del contrato

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Coordinación. Jorge Yunda en medio de sus abogados Édgar Molina y Marcelo Icaza, antes de su testimonio.René Fraga

Como si de un programa radial se tratase. Así inició el exalcalde de Quito Jorge Yunda su testimonio sin juramento ante los miembros del tribunal que lo juzgan junto con otras 13 personas por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR.

A las 09:28 de ayer Yunda se sentó frente al tribunal integrado por Wilson Lema, Patlova Guerra y Fabián Fabara. Era el día 15 del juicio que empezó el pasado 29 de septiembre.

Inició con un “saludo cordial señora jueza...”. Dijo que no conoce a ningún político que sea moneda de oro y caiga bien a todos. No conoce a los otros 13 procesados con los que fue investigado por más de tres meses por la Fiscalía. Excepto a Lenín Mantilla, exsecretario de Salud, prófugo de la justicia.

Rememoró que a finales de 2019 empezó a seguir las noticias de casos de neumonía atípica que venían de Wuhan en China. Como médico que es, no le fue difícil describir de memoria la parte técnica de cómo se habría originado el coronavirus, que a inicios del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) había reportado más casos, que en febrero se comenzaron a tener alertas mundiales y que en ese mismo mes más de 20.000 personas llegaron de países que tenían sospecha del virus.

Luego expuso sus actuaciones para precautelar la salud de los quiteños, las medidas adoptadas como la obligatoriedad de mascarillas y la falta de disponibilidad de esos implementos.

Exfuncionaria

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“La demanda hizo que lo que hoy se necesitaba mañana valía el doble y pasado el triple”. Dijo que la enfermedad les cogió de forma abrupta y tuvieron que tomar decisiones en el Municipio. Aclaró que la disposición a la Secretaría de Salud, en ese entonces dirigida por Lenín Mantilla, se hizo a través de delegación como se hace a todas las entidades que pertenecen al Cabildo.

“Es que es imposible que el alcalde se ponga a firmar todos los contratos”, en un Municipio con 2.000 millones de dólares de presupuesto justificó.

Aclaró que no se delega para comprar pruebas para detectar COVID-19, sino para adquirir insumos médicos porque dada la situación tenían que actuar de forma responsable.

Los jueces siguieron atentos la explicación de cómo el Municipio tuvo que contribuir con las casas de salud públicas con trajes de bioseguridad porque los médicos también se contagiaron. “En ese entonces no había insumos ni pruebas. Se me pide liberar los techos de los presupuestos... y en forma responsable que me faculta la ley”, manifestó.

Contó a los jueces que en los allanamientos de la Fiscalía, varios de ellos fueron a su casa, a la de sus padres y de su hermana. Que cuando llegó el fiscal de Pichincha a su casa le dio facilidades para que cumpla la disposición judicial y que solo le pidió que no ingresen al dormitorio de una hija que tiene un problema de salud.

La Fiscalía hizo caso omiso e ingresó en ese espacio en el que “no encontraron nada”. Confesó que nunca había tenido que contratar un abogado hasta el caso de las pruebas y que su familia ha tenido que enajenar algún bien para enfrentar el juicio. Admitió que chateaba con los funcionarios pero todo en el marco legal.

Defendió su actuación como alcalde durante la pandemia. “Salvamos decenas de miles de vidas”, aseguró y mencionó que en Quito se perdieron alrededor de 3.000 y podían haber sido menos si continuaban los testeos que los problemas jurídicos impidieron.

Yunda respondió algunas preguntas del fiscal Alberto Santillán. En su mayoría fueron objetadas por su defensa porque ya había respondido, eran impertinentes, capciosas o autoincriminatorias. Su declaración duró casi cuatro horas.

Acusación

Anomalías en compra de pruebas

Durante 14 días el fiscal Alberto Santillán presentó las pruebas que apuntan a la responsabilidad del posible delito de peculado de 14 personas.

Según él hubo irregularidades en las fases precontractual, contractual y de ejecución de la adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19. Esa negociación, según una pericia, habría ocasionado 2.2 millones de dólares en perjuicio.

Según explicó en el juicio el fiscal Alberto Santillán, el incumplimiento de las especificaciones técnicas habría sido conocido por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda y otros exfuncionarios, así como el representante de la empresa a la que se adjudicó el contrato.

El detalle

Acción. Antes e concluir su declaración Yunda se retiró la mascarilla para que le vean los jueces.