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Yasunidos pide que se enjuicie al presidente del Tribunal Contencioso Electoral

El organismo electoral no da paso a que se realice la consulta popular sobre la explotación de crudo en el Yasuní.

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Los integrantes del movimiento mantienen los reclamos.archivo

Tienen razón, pero no es suficiente. Así se resume la sentencia que dictó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el martes 21 de enero de 2020, sobre la acción interpuesta por el colectivo Yasunidos en contra de las decisiones que tomó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, con respecto a la consulta popular que el grupo planteó en 2014. En noviembre del año pasado, con el apoyo de la mayoría de consejeros del organismo electoral, Atamaint no dio paso a la legitimación de la consulta popular que planteaba la no extracción de crudo en el parque natural Yasuní.

El CNE argumentó que el proceso y la consulta a la población no podía seguir adelante porque su representatividad le correspondía al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo. Él falleció antes de la resolución.

Eso fue descartado por el Tribunal Contencioso. En su dictamen, el organismo aclara que la legitimidad del proceso le corresponde al grupo ambientalista Yasunidos.

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Con esa decisión, según un comunicado de la agrupación, se reconoce la necesidad de reparar integralmente los derechos de quienes impulsaron y firmaron por la consulta popular. Es decir, que se debía hacer un llamado para que la actividad se cumpla. Sin embargo, el Tribunal Electoral tomó otra decisión.

Argumentando que el proceso se encuentra cerrado desde 2014, el TCE no dio paso a la realización de la consulta. Es decir, el argumento que usó el Consejo Nacional Electoral en 2019 para negar el proceso fue inadecuado pero, de todas formas, no se preguntará a los ciudadanos por el futuro del parque natural que tiene altas reservas de petróleo.

Actualmente, la empresa estatal Petroamazonas está extrayendo crudo de la zona.

Para Yasunidos, el argumento del Tribunal es ‘falaz’ porque ignora, por ejemplo, que la consulta popular que impulsó el presidente Lenín Moreno en 2018 revisó decisiones que se tomaron en años anteriores, en la ‘década correísta’.

En el comunicado se recuerda, además, que organizaciones como el Consejo de Participación Ciudadana transitorio y la Defensoría del Pueblo han reconocido que la consulta contaba con todos los requisitos para realizarse.

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