Yachay y sus prebendas

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Yachay y sus prebendas

El proyecto político impulsado por el anterior gobierno está sustentado en un andamiaje jurídico que lo protege de cualquier eventualidad que afecte sus propósitos de manejo absoluto del poder e instituciones del Estado.

Para esos fines se expidieron una serie de leyes orgánicas que vuelven difícil el que sean reformadas o derogadas, al requerir una mayoría de dos terceras partes de la Asamblea Legislativa, a la cual se la mantiene controlada con una ley poco democrática que aplica el método D’Hondt en la repartición de escaños en provincias; aquello explica que con una votación inferior al 40 %, Alianza PAIS tiene una mayoría absoluta de asambleístas y en el anterior periodo dictó con total liberalidad leyes que favorecían el proyecto del Gobierno.

La Ley de Educación Superior es una de esas leyes expedidas para controlar la educación superior utilizando los organismos nacionales del sistema y la creación de un ente rector no previsto constitucionalmente, que es la Senescyt. En esa ley se fijó una moratoria de cinco años, impidiendo crear nuevas universidades y politécnicas, y se viabilizó la creación por parte del Gobierno de cuatro suprauniversidades, de educación en Cañar, la Regional Amazónica, de las Artes en Guayaquil y de investigación: Yachay. El Instituto de Altos Estudios fue incluido como parte del bloque de centros dirigidos directamente por el Gobierno.

Yachay es un símbolo de entidades con prebendas. Sus autoridades tienen retribuciones de excepción, sus docentes son bien pagados, sus estudiantes tienen especiales canonjías: residencia, alimentación, becas. La institución recibió asignaciones extraordinarias para comprar un feudo de miles de hectáreas, construir modernos edificios, tener equipamiento con tecnología de punta. Aquello explica por qué formar un profesional-investigador en Yachay es mucho más costoso que formar cualquier otro profesional en una universidad o politécnica pública o privada, que también hacen investigación y a las cuales se las perjudica en el reparto de rentas. Ese tratamiento desigual debe racionalizarlo y corregirlo el actual gobierno.