Mucha reunión y pocas nueces. Luego de que le hayan ‘desbaratado con los pies’ y en cuestión de horas, lo que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior lograron con operaciones sigilosas e investigativas -al liberar a 13 personas detenidas en delito flagrante durante el operativo ‘Sigilo 25’ el pasado 9 de marzo- la Corte Nacional de Justicia entró en acción e invitó a las Funciones del Estado a sentarse en una mesa interinstitucional para, a estas alturas, recordarles cuáles son sus responsabilidades y que estas deben estar alineadas al ordenamiento jurídico. Esto, luego de los roces que hubo entre Ejecutivo, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado por el caso ‘Sigilo 25’.

Una reunión que no es nueva, cuando se trata de hablar de las posibles soluciones a lo que puede estar mal en la cadena de justicia. Pero, ¿realmente funcionan? Los entendidos en Derecho refieren que no. Es más, califican que este tipo de reuniones arrojan resultados que, en el mejor de los casos, duran poco: “Frutos probablemente efímeros, porque no hay un verdadero plan que haga perdurar las acciones a futuro y terminan siendo soluciones a medias. Luego de un corto tiempo, veremos nuevamente los mismos problemas y nuevamente las reuniones con las diversas instituciones”, explica Kleber Siguencia, abogado penalista, quien enfatiza en que la solución a las posibles fallas en la cadena de justicia del país no está en hacer reuniones: “La solución es que, a partir de las reuniones, se establezcan verdaderas políticas de seguridad ciudadana”.

Como la mesa interinstitucional convocada por la Corte Nacional de Justicia, que prevé entregar los primeros resultados en materia de prevención y reducción de la criminalidad, cooperación interinstitucional, presupuesto y reformas en el ámbito normativo en un plazo de tres semanas, el Legislativo también ha convocado a una que otra reunión, pese a que algunos invitados no asistan. La Asamblea Nacional instaló el 6 de octubre de 2022 una mesa de seguridad interinstitucional para debatir temas sobre la tenencia de armas y la reestructuración de las entidades de seguridad. Sin embargo, la primera reunión no tuvo avances significativo. Incluso, contó con la ausencia del ministro del Interior, Juan Zapata, quien se excusó al decir que se encontraba atendiendo la crisis carcelaria.

En dicha reunión estuvieron algunos de los invitados de la reciente reunión convocada por la Corte Nacional de Justicia: autoridades de la Asamblea, el presidente de la Corte, Iván Saquicela; el defensor Público, Ángel Torres; y Mauro Vargas, inspector general de la Policía.

Esta y otras reuniones son para el abogado penalista Hugo Espín, un acto estéril que “se reduce a delegados narrando las problemáticas que ya todos conocemos; sin tener la capacidad de tomar decisiones o de gestión para plantear soluciones.

La mesa interinstitucional convocada por Saquicela, que ya tuvo una primera reunión el 14 de marzo pasado, se da tras la liberación de 13 procesados porque según Wilman Terán, titular del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado no presentó los elementos suficientes para que el juez dicte prisión preventiva. Esto fue rechazado por la Fiscalía, que refirió que “ninguna formulación de cargos se puede sustentar sin los elementos de convicción suficientes, como son las pericias correspondientes que la Fiscalía ordena practicar en base a la información recibida en el parte policial; cuya elaboración está a cargo de los policías asignados a cada caso”.

Una justificación absurda, según el abogado penalista Hugo Espín, quien explicó que “la Policía no es quien toma acciones judiciales; la Policía, detalló, genera la noticia ‘criminis’ -que es el parte informativo en el que se narran los hechos- no cataloga ni establece delitos. “Esa función es del fiscal. Él determina en base a los hechos que se exponen en el parte realizado por la Policía, por cuál delito va a juzgar”, sostuvo Espín, y recalcó que el policía no es operador de justicia, es parte del aseguramiento del Estado. “No solicita medidas cautelares ni toma acción judicial”.