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Voces de injusticia por los carnés

Asambleístas involucrados piden una investigación y que se determine si hubo mal uso El ministro de Salud será llamado

SILLAS DE RUEDA
Las personas con discapacidad han debido cumplir con largos trámites para obtener el carnés .JIMMY NEGRETE/EXPRESO

El abuso en la entrega de carnés de discapacidad tocó a la Asamblea, así como a varias instituciones públicas más en el país; sin embargo, desde adentro de la Legislatura los asambleístas, tanto para los que fueron involucrados en este tema como para otros legisladores de diferentes bancadas, es “injusto” que se entregue este documento de forma arbitraria o por tener contactos con altos cargos, perjudicando a otras personas que lo necesitan de manera más urgente.

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“Tal vez porque soy asambleísta me lo dieron, porque sí he visto que hay personas con bastante discapacidad a quienes les alargan la acreditación y les calculan la discapacidad muy baja, les ponen trabas, no les dan el carné a pesar de tener una discapacidad muy pronunciada. Eso no está bien, hay que revisar la Ley de Discapacidad para determinar que haya un control para la entrega, porque se ha visto que hay personas a las que les han dado hasta sin pedir”, sostuvo el asambleísta Ramón Terán, quien dijo que está abierto a que se lo investigue, e informó que en su caso se demoraron algo más de seis meses en calificarlo, pero que aún no le entregan el carné de discapacidad.

Para la legisladora Marcia Arregui (AP), también es injusto que se entreguen carnés a gente que solo busca los beneficios que este documento ofrece. “Es injusto, y me parece una burla a las personas que sufrimos un problema de discapacidad. Me parece un abuso, hay muchas personas que lo han sacado para usarlo solo para traer vehículos de alta gama. No estaría jamás de acuerdo con eso”, aseguró la legisladora, al tiempo de indicar que ella tardó más de medio año, en el 2016, para obtener el carné de discapacidad.

Criterios con los que coincidió la expresidenta de la Legislatura Elizabeth Cabezas (AP), quien recordó que para obtener el documento en favor de su esposo se demoró dos años entre papeleos. “Es totalmente injusto. No pueden pagar justos por pecadores, mi marido tiene paralizada la pierna derecha, y no es lo mismo que aquellos que han sacado el carné simplemente por palanqueo”, aseveró.

Desde la Asamblea, las reacciones a este tema han sido diversas, desde pedir la comparecencia del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, hasta que una comisión abra una investigación para aclarar esta nueva denuncia de corrupción. Lo que sí dejaron en claro los legisladores es que este tema los tomó por sorpresa y que no conocían que sus compañeros tenían algún tipo de discapacidad, o sus familiares.

Que respondan con cárcel todos los que están involucrados. Aquí hay varios delitos que deben investigarse, y tiene que hacerlo la Fiscalía. Nadie tiene corona, sea asambleísta, juez, deportista, debe actuarse y desarmar una evidente red de corrupción”, dijo Héctor Yépez (CREO).

En tanto, el asambleísta Eliseo Azuero manifestó que es necesario hacer una reforma a la Ley, a la cual calificó de “muy generosa”. “Es probable que muchos de aquellos asambleístas o funcionarios públicos que consiguieron estos carnés, lo hayan hecho dentro del marco de la ley. Lo malo es la parte ética”, sostuvo el legislador.

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“Si los legisladores que tienen la discapacidad hicieron los procedimientos legales para obtener el carné, está bien. Más allá de que sea un tema ético de necesidad, deberían hacer uso de estos privilegios aquellos ciudadanos que realmente lo necesitan”, aseveró Ximena Peña (AP).

De su parte, el legislador Eddy Peñafiel (BIN) dijo que el tema debe recibir un rechazo total, y la Fiscalía tiene que actuar de oficio para que los involucrados sean sancionados, sean quienes sean, y no dejar el caso impune.

Indignante no creo que sea la palabra. Si es verdad que se han obtenido esos carnés de forma fraudulenta, hay varios delitos penales y tiene que investigarse quiénes sacaron, para qué y quién se los dio”, declaró Lourdes Cuesta. 

Juan Cristóbal Lloret (RC), tras señalar que es vergonzoso el uso del carné para abusar de sus beneficios, afirmó que tiene denuncias de que desde la banca se carnetizaba a sus empleados para cumplir con el 4 % del personal con discapacidad, hasta abusos en jubilaciones por invalidez en el IESS.

Con discapacidad.

Alcaldes y jueces, en la lista

Alcaldes y jueces son algunos de los que han obtenido su carné de discapacidad con el que pueden acceder a beneficios como la importación de carros con reducción de aranceles.

Los alcaldes de La Maná, Hipólito Cabrera; de Tiwinza, Wilfrido Calle; y de Babahoyo, Carlos German, registran algún grado de discapacidad. En el caso del último, según el portal de precalificación del Servicio de Aduanas, ya importó un vehículo.

El conjuez de la Corte Nacional Patricio Secaira, así como los jueces de primera instancia Carlos Aguirre, Manuel Cabrera y Máximo Ortega, también registran algún grado de discapacidad. Ortega dijo que tiene carné desde 2011 por problemas de audición que le obligan a usar audífonos.

EXPRESO intentó contactar a los otros mencionados, pero no hubo respuesta.

La historia jurídica.

La Ley Orgánica que hizo posibles las exenciones.

En el 2012, cuatro años después de estar vigente la Constitución de Montecristi, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Discapacidad vigente, que recogió el mandato de los artículos 47 y 48 de la Carta Política del Estado, que garantizan la aplicación de políticas de prevención de las discapacidades y procuran la equiparación de oportunidades.

Aunque existía hasta entonces la Ley de Discapacidad, en vigencia desde el 10 de agosto de 1992, esta no tenía la calidad de orgánica y tampoco establecía claramente los beneficios a los que tenían derechos las personas con discapacidad.

Ni siquiera la reforma hecha en el año 2000 logró que las personas con capacidades disminuidas tuvieron acceso a lo que la anterior Constitución establecía. Tres años tardó la emisión del reglamento de esta ley, que se publicó en enero del 2003, durante el mandato de Gustavo Noboa Bejarano. Según la anterior normativa, era el Conadis el ente que aprobaba el certificado único de calificación de discapacidad.

La actual ley, tal como lo establece la Constitución, es la que fija las rebajas en los pagos de planillas de servicios públicos, transportes y espectáculos y preferencias en la obtención de créditos y jubilaciones, exoneraciones en las importaciones y en el pago de impuestos como el IVA, ICE e Impuesto a la Renta. Hasta las empresas pueden deducir impuestos si tienen más personas con capacidades especiales que las que obliga la ley.

La cifra.

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