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El viernes será la apelación de la prisión del contralor Pablo Celi y otros

Tres jueces de la Corte Nacional resolverán si se mantiene la prisión preventiva del contralor. La diligencia se ha convocado para las 11:00

FELIPE RIVERA
Juez. Felipe Rivera conoce el caso denominado ‘Las Torres’. Él dictó la prisión de siete personas el 14 de abril.Cortesía

El viernes, a las 11:00, se resolverá la apelación de la prisión preventiva que recibió el contralor subrogante Pablo Celi el pasado 14 de abril.

Celi es uno de nueve investigados por posible delincuencia organizada en la posible entrega de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas por contratos petroleros de empresas como NoLimit.

La diligencia será en la Corte Nacional de Justicia y estará a cargo de los jueces Byron Guillén (ponente), Luis Rivera Velasco y la conjueza Mercedes Caicedo.

La conjueza integra el tribunal por la excusa de Marco Rodríguez. El pasado 28 de abril, Rodríguez presentó su excusa para conocer y resolver los recursos de apelación planteados. Según la providencia del tribunal, el juez aseguró bajo juramento que se halla incurso en el artículo 572.8 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por mantener con el procesado Pablo Celi de la Torre “amistad íntima desde hace varios años atrás”.

Los jueces reiteraron que al haber jurado que mantiene una relación de amistad, su imparcialidad, como una garantía del debido proceso, se encuentra comprometida.

Mientras se resuelve la apelación, en la Corte sigue pendiente que el juez Felipe Córdova fije día y hora para la vinculación de otros cinco sospechosos al caso abierto hace casi un mes en contra de Celi y su hermano Esteban, del exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones y su hermano Luis Adolfo, Natalia Cárdenas, Elsie Cueva, Silvia López y su hijo Angelo Rodríguez y Andrés Luque.

A ellos se sumarán como investigados: Roy Calero, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y su padre, el exministro de Economía Marco Flores. La Fiscalía le dijo al juez Rivera que encontró indicios suficientes para su vinculación.

La investigación previa del caso inició en julio de 2019 tras la detención en Estados Unidos de Raúl de la Torre, familiar de Celi y Roberto Barrera, con dinero que no pudieron justificar. En ese país ambos fueron sentenciados y cumplieron penas por sobornos y tentativa de lavado de activos.

Casi dos años después, la Fiscalía abrió la instrucción fiscal por posible delincuencia organizada. El ilícito involucraría a funcionarios públicos y personas particulares en el afán de recibir sobornos y desvanecer glosas en contratos petroleros.

El caso se denominó ‘Las Torres’. Según la Fiscalía, quienes ejercían el liderazgo en la organización habrían ocupado altos cargos públicos: el contralor Pablo Celi, el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones y funcionarios de Petroecuador para exigir pagos irregulares para el desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas de contratos entre Petroecuador y NoLimit, entre 2017 y 2020.

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Quien habría recibido esos pagos indebidos habría sido Raúl de la Torre, exasesor de Petroecuador. Que él se mantenga en el cargo habría sido disposición de José Agusto.

Pero los pagos también se habrían efectuado a otras personas y empresas como Fraxianer, una de las compañías atribuidas a Andrés Luque como accionista mayoritario. Como gerente aparece en esa empresa Néstor Medina, un carpintero de 75 años. Su versión en la Fiscalía estuvo caracterizada por respuestas negativas.

Le preguntaron hasta cuándo ejerció las actividades de carpintería y dijo que no se acuerda. A la interrogante de si actualmente ejerce actividades de carpintería, respondió que no. Y, sobre en qué otras empresas es administrador, aseguró que no recuerda. La presunción de la Fiscalía es que habría sido utilizado para firmar documentos a pedido de Luque. Esa compañía, creada en 2012 hasta el 2019 habría registrado más de cuatro millones por ingresos.

Consultas

El dilema del contralor subrogante

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elevó a consulta de la Procuraduría General del Estado sobre la pertinencia de la subrogación en el caso del contralor Pablo Celi, procesado por posible delincuencia organizada.

Esa instancia también solicitó que la Asamblea indique cómo avanza la transformación de ese organismo en Tribunal de Cuentas.

Ninguno de los dos organismos ha remitido una contestación, informó su presidenta, Sofía Almeida. En lo que sí hay avances es en la formación de una comisión para que analice la solicitud a la Corte Constitucional que blindó las decisiones del Consejo transitorio.

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