“Las personas piden gente nueva en la política, pero cuando uno les presenta una iniciativa ciudadana, les pide apoyo con una firma, no quieren ayudar”, comenta Fernando Alburquerque, un activista social de 30 años que intentó recoger las 47 mil firmas de respaldo necesarias para inscribir un movimiento político provincial, en Guayas, el Movimiento Acción Social (MAS).

Su objetivo era crear una organización política con bases ciudadanas, sin relación con algún partido o movimiento, para impulsar políticas públicas en zonas rurales, asegura, ante la desconexión de los partidos tradicionales con las necesidades que tiene el pueblo.

La desconfianza de las personas para dar sus datos, firma y huella dactilar fue uno de los obstáculos que identificó el ingeniero en Informática en el proceso de inscripción de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Solo alcanzó a recoger 12 mil.

Luego de que consiguiera la clave digital para descargar los formularios del CNE, con los que se recogen las rúbricas, Alburquerque recuerda que surgieron los inconvenientes por los escasos recursos económicos y la gran tarea de buscar apoyo en las calles. Eso se complica más aún en la actualidad, porque el nicho de personas libres de afiliación es incierto. Desde el 2012 se repiten los casos de afiliaciones fraudulentas. Personas que aparecen en los registros de una organización política sin haber dado su consentimiento.

“Aquí hay una cosa adicional, como el tope es 47 mil firmas, yo tenía que recoger el doble, porque está la alta probabilidad de que las firmas sean nulas o ya estaban inscritas en otro movimiento político. Entonces me tocaba recoger casi 80 mil, 100 mil, 120 mil firmas, tanto como si fuera a crear una organización nacional”, refiere el ciudadano, quien también impulsa la propuesta de parroquializar a Monte Sinaí, para que las obras lleguen lo más pronto a esa zona del noroeste de Guayaquil.

El Código de la Democracia establece que los partidos deben presentar un número de afiliaciones correspondiente a, al menos, el 1,5 % del registro electoral de la última elección pluripersonal de carácter nacional; y los movimientos deberán acompañar la lista de adherentes de, por lo menos, el 1,5 % del registro electoral de la última elección de la jurisdicción.

“Hay muchos ecuatorianos que ya se encuentran afiliados a partidos y movimientos, un aproximado de 4,7 millones. Personas que, de pronto, desconocen que son parte de sus listas o sus fichas de afiliación”, sostiene Jairo Gavilanes, director zonal del Instituto de la Democracia, la división académica de capacitación de actores y organizaciones políticas, del CNE, al referirse a los principales errores o novedades en esa fase del proceso.

El funcionario reconoce las complicaciones que han tenido agrupaciones para alcanzar el número previsto de firmas. Por ello, comenta que desde el instituto se realizan capacitaciones a actores u organizaciones políticas sobre los requisitos del registro. Este Diario también solicitó una entrevista al CNE para hablar con el responsable del proceso de inscripción, pero sigue pendiente el diálogo.

La necesidad de tener una verdadera representación en cargos públicos también ha reunido a más de 60 líderes barriales de Guayaquil para empezar el trámite en el CNE.

“Estamos conformando el Movimiento Guayas y Quil, exclusivamente local, porque sentimos que los partidos representan a sus intereses y vemos cómo eligen a dedo a los candidatos. Buscamos mayor incidencia política para que los temas que denunciamos sean puestos en la agenda política”, dice César Cárdenas, miembro de un observatorio de servicios básicos.

Él ha denunciado problemas en la dotación de agua potable, falta de hidrantes o el incumplimiento en la rendición de cuentas de autoridades locales.

En el proceso de inscripción se activarán los cientos de manos de los barrios para la recolección de firmas, cuando llegue el momento, dice Cárdenas, quien trata de ver con optimismo aquel panorama complejo, pues calcula que, de forma global, necesitarían $ 100 mil para la logística: alimentación de voluntarios, compra de insumos, comunicación, entre otros rubros.

Por este y el resto de motivos expuestos, el dirigente concluye que el sistema está configurado para que los partidos tradicionales y sus apéndices sigan gobernando desde varias instancias.

Galo Cabanilla, dirigente de la organización Piensa Ecuatoriano, que también busca obtener vida jurídica en el sistema de partidos de la mano de sectores de la academia, de gremios estudiantiles y profesionales, cree que hace falta una reforma a la ley.

“Requiere un borrón y cuenta nueva, y dar una oportunidad a las corrientes y a las nuevas tendencias, para que haya un recambio generacional y cambios en varios temas. De la pobreza a la riqueza, del abandono a la solidaridad, de la inseguridad a la tranquilidad, pero eso no lo pueden hacer las mismas personas y partidos”, insiste.

En esa propuesta de reforma, el activista social Fernando Alburquerque precisa que se debe fijar una calificación diferenciada para las pequeñas agrupaciones que buscan formalizar su estatus, ante las evidentes carencias y la necesidad de equiparar fuerzas con las grandes organizaciones políticas, aquellas que se volvieron a constituir en medio del escándalo de las firmas falsas que aún sigue impune.