Una via para evitar el encierro

Evitar que los adolescentes infractores sean recluidos. Eso busca un sistema vigente desde mediados de 2015 con un nombre complicado: ‘Justicia restaurativa a través de la mediación’. Hasta el momento hay seis casos.

Uno de ellos se dio el 15 de septiembre pasado. Un adolescente arrolló con su moto a un niño de seis años, en Cuenca. No tenía licencia y fue detenido en delito flagrante.

Siete días después el caso penal fue enviado a una oficina de mediación. El adolescente, su madre y la madre de la víctima tuvieron que ir a entrevistas preliminares. ¿El objetivo? Allí se debía evaluar el grado de responsabilidad del adolescente y sus capacidades para reparar el daño causado.

Hubo una audiencia en la que también estuvieron el fiscal y la mediadora. Al final se llegó a un acuerdo que dejó conformes a ambas partes.

El adolescente, a través de su familia, pagó a la madre del pequeño 100 dólares por los gastos médicos producto del accidente. Pidió disculpas al niño e hizo un compromiso adicional: durante todo el mes de octubre retiró al pequeño de la escuela y lo llevó a su hogar.

Así, evitó sumarse a los 711 adolescentes que actualmente tienen medidas privativas de libertad. Hay otros 530 que tienen medidas no privativas, detalló a EXPRESO la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga.

La posibilidad de la mediación está regulada en el Código Orgánico de la Niñez y en el Reglamento de Mediación, emitido por el Consejo de la Judicatura. También está respaldado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según Francisco Bonilla, director nacional del Centro de Mediación, el COIP plantea que en ciertos casos de adolescentes involucrados en delitos se aplique la mediación.

¿En qué casos? Que no sea reincidente, que sea voluntario y que asuma la responsabilidad. Los delitos no deben superar los 10 años de sanción. Quedan excluidos los casos de violaciones y delitos con muerte.

Entonces, puede aplicarse en robo, hurto, violencia física, lesiones, vandalismo o amenazas, explica Pablo Cordero, mediador calificado y jefe departamental del centro estatal.

Bonilla destaca que con este sistema se busca que los jóvenes infractores asuman su responsabilidad por sus acciones y reparen a la persona ofendida.

Existe un requisito adicional: es necesaria la participación de la familia del infractor. Empezando por el aspecto económico. Por ejemplo, si es que hubo robo de mercadería por un valor de 1.000 dólares, la familia debe pagar.

Bonilla insiste en que, tratándose de casos de jóvenes, la última alternativa debe ser la detención, pero la aplicación del sistema es opción del juez. La audiencia debe ser reservada.

Hay siete expertos psicólogos que atienden casos específicos, además de 25 especialistas que serán formadores de otros operadores. El proceso no debe durar más de 15 días.