Verificado: corrupción en los hospitales del IESS

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Verificado: corrupción en los hospitales del IESS

EXPRESO pasa el polígrafo a las noticias más importantes de cada semana y comprueba la veracidad de los datos y discursos emitidos.

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INTERVENCIÓN. El Presidente del Consejo Directivo del IESS; Paúl Granda, acudió al Teodoro Maldonado el miércoles.AMELIA ANDRADE / EXPRESO

Los datos dicen más que mil palabras, es por eso que EXPRESO le pasa el polígrafo a las noticias más importantes de la semana con el objetivo de evitar que información falsa o medias verdades se cuelen en el discurso público que reciben los lectores.

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Esta semana, las denuncias de irregularidades y corrupción relacionadas a la compra de medicinas e insumos médicos dentro de los hospitales del IESS que se presentan desde hace varios años volvieron a la palestra pública, luego de que el vicepresidente Otto Sonnenholzner confirmara en una entrevista que el Gobierno conoce que los hechos son ciertos y perduran en la gestión actual.

Dos días después, rodaron las primeras cabezas dentro del hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

El mismo 22 de enero, el comandante de la Policía, Patricio Carrillo, daba cuentas de un alza en el número de muertes violentas con respecto al 2018. Un discurso que se ha catalogado como ambiguo basado en las razones que las autoridades de seguridad dieron durante el año con respecto a la causa del aumento de homicidios.

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Ruedan cabezas en el hospital Teodoro Maldonado Carbo

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Al final de la semana, un juez le dio la razón al Municipio de Guayaquil con respecto al pago del dinero correspondiente a la devolución del IVA.

Pese a que en un principio hubo diferencias en la cantidad adeudada por Finanzas, este Diario pudo confirmar que la información otorgada por el Cabildo era verdadera.

La corrupción en los hospitales del Seguro Social

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El vicepresidente Otto Sonnenholzner confirmó esta semana lo que ya era un secreto a voces. “Tenemos discusión con respecto a compras de medicamentos, hay denuncias de corrupción y evidentemente hay una preocupación en el Gobierno y un deseo de que eso se termine porque no es nuevo. Lamentablemente no es nuevo y no podemos permitir que continúe. Son cientos de millones de dólares que seguramente se pierden con esto”, dijo en una entrevista a un medio radial.

La situación a la que hizo referencia el vicepresidente ya había sido denunciada desde hace años por pacientes de los hospitales que aseguraban que no podían tener acceso a insumos o que se les entregaba medicinas caducadas. Reclamos que no fueron tomados en cuenta hasta que el año pasado la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) puso más luz sobre el tema.

La CNA denunció que durante 2018 los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, en Guayaquil, habían evadido la Ley de Contratación Pública para adquirir medicinas e insumos médicos sin pasar por un concurso público.

Sin embargo, meses después, poco o nada se ha hecho para remediar el problema, pues esta semana más pacientes hicieron los mismos reclamos. El presidente del consejo directivo del IESS, Paúl Granda, reconoció la existencia del problema y dijo a EXPRESO que la inacción se debe a una falta de modelo de gestión de Salud. “Cada unidad médica ha funcionado de manera discrecional. En algunos casos bien y en otros mal y eso ha llevado a lo que se denuncia”. Granda aseguró a este Diario que ahora el sistema de salud será contemplado como una red y que las denuncias han sido tratadas en un comité de ética que ha derivado sus resultados a la Fiscalía y a la Contraloría.

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El nuevo comandante de la Policía, Patricio Carrillo, reconoció esta semana que hubo un incremento de 171 muertes en 2019 con relación al año anterior.

El alto mando policial lo atribuyó a que hasta 2018 no había una participación de extranjeros “de una nacionalidad específica, como víctimas o victimarios”, refiriéndose a los venezolanos que han migrado al país. “Por las condiciones de vulnerabilidad en la que llegan, ciudadanos venezolanos están participando como víctimas o victimarios”, matizó.

Carrillo también indicó que los venezolanos representan el 2 % del total de extranjeros (6 %) que participan en los delitos. “24 ciudadanos de ese país fueron víctimas y hubo unos 40 victimarios”.

Sin embargo, hasta hace pocos meses, las autoridades del Gobierno no conectaban directamente los casos de violencia o delincuencia a la presencia específica de venezolanos. Al contrario, señalaba que el incremento en distintas zonas se debía a contextos relacionados con el narcotráfico, minería ilegal y crisis carcelaria.

Luis Saavedra, director de la fundación Inredh, recordó que este discurso se repite cada cierto tiempo y puede generar un ambiente de xenofobia si no se contextualiza con las cifras de ecuatorianos involucrados en muertes violentas.

Señaló que es obvio que en las estadísticas policiales empiecen a aparecer ciudadanos venezolanos porque es la población migrante que más ha llegado al país, pero que no se les puede endosar el aumento de la violencia. “Primero fueron los colombianos, luego los haitianos, después los cubanos y ahora los venezolanos”, señaló el activista.

La deuda de finanzas con el Municipio

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El lunes, el Municipio de Guayaquil presentó una acción de protección para pedirle a Finanzas la devolución de 104 millones de dólares por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

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“Exigimos que el dinero, 104 millones de dólares, emitido por 29 resoluciones del SRI desde junio de 2017 hasta septiembre de 2019, sea devuelto por el Gobierno de forma líquida. Necesitamos no solo que la devolución se dé, sino que sea de inmediato porque eso ya está contemplado en nuestro presupuesto para obras y servicios”, señaló Viteri.

En esta declaración, la alcaldesa hace referencia a tres aspectos. El primero: el monto de la deuda que en un inicio era distinto entre el Cabildo (104 millones) y Finanzas (82 millones). Sin embargo, luego de la solicitud que hizo este Diario para conocer los detalles de la inconsistencia de la deuda, Finanzas confirmó que el monto había sido actualizado por el SRI y que al final sí concordaba con los 104 millones que exigía el Municipio.

El segundo: en la forma de pago también hay diferencias, pues aunque Viteri dice que se le debe pagar en efectivo y de inmediato, Finanzas, apoyado en un convenio firmado en noviembre de 2019 con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y en base a la Ley de Régimen Tributario Interno, aseguraba que tiene la facultad legal de devolver el dinero “en el plazo, condiciones y forma” que la institución determine.

El tercero: Viteri señaló que esperar más no era una opción, pues eso impediría la realización de varias obras.

El juez de lo civil, José Iguel Ordóñez, falló a favor del Cabildo y ordenó la devolución de los 104 millones de dólares dentro de 72 horas luego de la notificación.