Tres años de opulencia. Eso es lo que vivió una empresa que, desde el 2015 hasta el 2017, encontró en la Prefectura de Jimmy Jairala Vallazza un cliente recurrente y poco exigente. Durante ese tiempo, la administración del exprefecto de Guayas le adjudicó $ 863.485,93 en diferentes contratos.

Dos de ellos fueron motivo de un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado (CGE) al que EXPRESO tuvo acceso. La logística para la participación de dos categorías de fútbol en el torneo River Cup en Argentina y el mantenimiento operativo de diez escuelas deportivas fueron otorgadas a la empresa Digmary S.A.

Adjudicaciones que, según Contraloría, fueron irregulares y provocaron un perjuicio para la Prefectura del Guayas de, al menos, $ 319.735,20. Esto, debido a que la contratista no tenía las credenciales para ganar los contratos y, una vez otorgados, no registra pruebas de que haya otorgado todo el servicio contratado.

Según observó la Contraloría y EXPRESO corroboró, en ambos contratos, Digmary S.A. certificó su experiencia a través de la empresa Dianego S.A. que, según el portal de la Superintendencia de Compañías, estuvo inactiva desde el 2012.

Asimismo, el presupuesto referencial se elaboró con la proforma de Novaequipos S.A. Misma que, según este Diario, comprobó en la Superintendencia de Compañías, estuvo inactiva desde el 2014.

Sobre esto, en entrevista con EXPRESO, el exprefecto de Guayas, Jimmy Jairala, indicó que para el momento del proceso de contratación la compañía Digmary S.A. no tenía ningún problema en el Sercop y que, por ende, no había razón para invalidar su oferta.

Sobre la falta de pruebas, Jairala entregó a este Diario un anillado donde, entre otras cosas, hay fotografías del entrenamiento, estadía y competencia de la escuela de fútbol de la Prefectura en Argentina.

Sin embargo, al ser cuestionado del por qué esa misma documentación no consta en los archivos subidos al Sercop, indicó que esos son “problemas administrativos”, pero que el servicio se dio.

Además, en entrevista con este Diario, el gerente de Digmary S.A., Pedro Eduardo Morán Aguirre, señala que la empresa Dianego S.A. “algo le recuerda”, pero que tendría que revisar documentación.

Por otro lado, la Contraloría señaló relaciones familiares entre Digmary S.A. y un funcionario de la Prefectura del Guayas, a través de los proveedores de la contratista.

Uno de ellos, la empresa Cintialand S.A., tenía como administradores a la mamá y el hermano del asesor legal de Trámites y coordinador de Despacho de la Prefectura, Javier Alejandro Vélez Arcos. Mismo que, luego, sería su presidente.

Se trata de la viuda del exprefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, Sandra Arcos Astudillo, y su hijastro, Andrés Vélez Arcos. Mismos que, en 2020, Morales denunció por supuestos actos de corrupción en contratos dados por la Prefectura.

Sobre esto, Jairala destacó que Javier Vélez Arcos no tuvo ninguna participación alguna y que no es algo que haya que revisar en cada proceso.

El otro proveedor, Renoyca S.A., tenía como accionistas a Empresas JAB S.A., Cintialand S.A. y el hermano de Javier Alejandro Vélez Arcos, Andrés Marcelo Vélez Arcos. Sin embargo, según indicó la Contraloría y EXPRESO verificó, entre los administradores de Empresas JAB S.A. figuraba, otra vez, el hermano del funcionario de la Prefectura, Andrés Marcelo Vélez Arcos.

Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Digmary S.A. y sus proveedores tenían una estrecha relación entre ellas. Esto se lo puede corroborar gracias a que, entre 2014 y 2017, las tres empresas registraron a Pedro Eduardo Morán Aguirre como su contador, quien a su vez gerencia a Digmary S.A.

Sobre esto, Morán señaló que Renoyca S.A. y Cintialand S.A. “nunca” fueron proveedores de su empresa y que la única relación que tuvieron fueron los servicios de contaduría que él les ofrecía a ellos.

Según EXPRESO verificó, los dos proveedores, Cintialand S.A. y Renoyca S.A., tienen registrada la misma dirección matriz, los teléfonos y los correos de contacto.

En una visita que hizo este Diario a la cdla. Huancavilca Norte, dirección registrada por Digmary S.A., se pudo conocer que ninguno de los habitantes de la manzana 2301 conocía a la empresa y que en el solar 1 es una vivienda que tiene una pequeña hoja con la frase “se realizan trabajos de costura”.

Sobre esto, Morán explicó que “no necesitó letrero” porque su empresa no es de atención al público y añadió que tampoco tiene mucho personal, ya que los contratos que tiene son ocasionales.

Asimismo, en la Kennedy Norte, dirección registrada por los dos proveedores de la contratista, se pudo evidenciar que la manzana 102 no alberga 29 lotes y que tampoco los habitantes del sector la conocen.

Este Diario intentó contactarse con Cintialand S.A. y Renoyca S.A. a través del mismo número telefónico que registran en la Superintendencias de Compañías, sin embargo, respondió un hombre que señaló no conocer las empresas.

Asimismo, este Diario verificó en el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI) que, tanto para Digmary S.A. como para una de sus principales proveedores, el período 2015-2017 fueron los años donde más pagaron impuestos.

El mejor año de Digmary S.A. fue el 2016, donde pagó $25.039,19. Por su parte, en 2017, Cintialand S.A. canceló $53.534,81 de impuesto a la renta.

Esto corrobora lo señalado por la Contraloría sobre que la Prefectura del Guayas llegó a generar hasta el 94% de ingresos de la empresa Digmary S.A.