Delincuentes, drogadictos y basura predominaban en el parque central de Urbanor. Era la zona roja de este sector del norte de la ciudad.

Pero la comunidad se cansó de esta situación y decidió tomar medidas. Con la ayuda de la Policía Nacional, desalojó y limpió el lugar.

Un año después, el panorama es diferente: los moradores disfrutan de la cancha de fútbol que pronto terminarán de construir, hay espacio para los juegos infantiles y un escenario para los eventos sociales.

“A los antisociales les advertimos que estamos unidos para enfrentarlos... dudo que vuelvan”, comenta Geofredo Calle, vicepresidente del Consejo Barrial de Urbanor.

El barrio va por más. Proyectan la ampliación de la sede gremial en el antiguo retén policial, que al momento sirve de espacio para capacitar a los habitantes a través de talleres de costura, artesanías, entre otros.

A unos 10 kilómetros, en el sector de San Ignacio de Loyola, un grupo de mujeres elabora muebles tipo puff. La principal materia prima son neumáticos usados que moradores donan o reciclan.

El proyecto tiene tres meses y hasta el momento han fabricado 20 puff, de los cuales la mitad vendieron a través de las redes sociales y ferias.

A la zona, conformada por unas 220 familias, le falta algunos servicios básicos, como el alcantarillado. El Consejo Barrial presentó el pedido al Municipio de Guayaquil con la esperanza de que se lo incluya en el presupuesto del 2019.

Los moradores de Urbanor y San Ignacio de Loyola aprendieron que unidos pueden asumir retos, sin intermediarios ni dirigentes políticos.

No son los únicos. Alrededor de 200 consejos barriales están distribuidos en los 4 distritos de Guayaquil, aglutinados en una coordinadora.

Con 82 organizaciones, el distrito 2 es el más numeroso. Es el noroeste, sector que al estar en proceso de consolidación carece de obras y servicios.

El coordinador general de ese distrito es Stalin Poveda, quien recuerda que la organización barrial es un derecho constitucional que está tipificado en la quinta función, que es la de Control Social y Participación Ciudadana.

“Son iniciativas ciudadanas que se organizan para que, a través del consejo barrial, ese territorio pueda tener su representación y organización”, remarca Poveda.

La elección de los gremios barriales es a través de un padrón electoral del territorio determinado. Los moradores votan de manera voluntaria.

El Municipio registra a la organización, con la que gestionará y canalizará los requerimientos de la zona. Los beneficios que llegan al sector son la oportunidad para la contratación de mano de obra local.

“Este derecho, en el orden constitucional, se convierte en un eje transversal de toda la gestión de la comunidad y de la política municipal, con lo cual no solo se desarrollan las relaciones con el Cabildo, sino a nivel de otras competencias”, indica Poveda.

A través de la coordinadora se capacita a los moradores en temas como Liderazgo Comunitario y Emprendimiento.

Otra capacitación es en Gerencia Social, con el objetivo que conozcan cómo enfocar y solicitar sus demandas. El objetivo es que el barrio no sea víctima de intermediaciones políticas, sino que tenga la autonomía de gestión para que las obras, que son un derecho, lleguen a través de la participación ciudadana.

Parte de los proyectos se los incentiva con un capital semilla, con un porcentaje no reembolsable.

Tras la conformación del consejo, hace seis meses, un grupo de moradores de la Nueva Prosperina recurre a materiales reciclados para la elaboración de artículos navideños. Parte de sus creaciones embellecen el sector, que complementan con flores.

Paralelamente, los habitantes realizan trabajos de canalización de las aguas lluvias, como parte del plan invernal, mientras gestionan en el Municipio la ejecución de la obra.