Tres cachorros cenicientos se desperezan sobre el portal donde una niña, de dos años, tiritaba de frío la mañana del 28 de mayo de 2019. Dentro de la casa, su madre Carolina Bravo Bodero agonizaba luego de que su padre la apuñalara.

La bebé estaba tan desnuda como los perros que, al mediodía del viernes 6 de marzo, Concepción Barén apunta con el dedo. “Allí, allí estaba ella, llorando”, recuerda la vecina de Carolina.

El día del asesinato se despertó con los alaridos de los demás moradores del bloque 9 de Flor de Bastión, sector de calles polvorientas, encharcadas con la sangre de cuatro mujeres, en menos de dos años. Karina, en junio de 2018; Dora, en abril de 2019;Carolina, un mes después, y Noelia, en enero de 2020. Todas asesinadas por sus parejas.

Concepción se encarama en la puerta verde con rejas, que hacen la vez de ventana. Desde ahí, incontables veces escuchaba los gritos, las peleas, los reclamos, los insultos que se disparaban entre Carolina y el sospechoso de su crimen, Jimmy Moreira, su expareja y padre de sus hijos.

Pero al igual que ella, todos los vecinos, no solo de Carolina, sino de las otras víctimas, seguían a rajatabla el dicho: “Entre marido y mujer, nadie se debe meter”. Nadie ‘oía nada’. Nadie ‘veía nada’. Pero todos sabían todo. Terminaban siguiendo con la mirada el recorrido del carro de Medicina Legal, cargando con el cadáver de una mujer víctima de violencia.

El vecindario, a pesar de que es espectador de delitos como la violencia física, psicológica o abuso sexual, lo termina encasillando como “problemas de parejas”, lamenta Patricia Reyes, psicóloga e integrante de del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer Guayaquil (Cepam).

Una vez que la mujer está muerta, las señales de abuso parecen más claras y se repiten patrones en la forma de ser y actuar de la víctima en sociedad: retraimiento, encierro, cohibición y falta de socialización. Esto, precisa Reyes, muchas veces se da por la tendencia que tiene el abusador de aislarla del mundo. “Si él está ejerciendo violencia, posiblemente, la no relación de ella con los vecinos es parte de esa violencia. La amenaza y tiene miedo de hablar”, precisa.

De Mercedes Tapia, asesinada en junio de 2018, sus vecinos no sabían nada. Se mudó a una casa esquinera en las calles Vicente Trujillo y Esmeraldas, al sur de Guayaquil, en 2016. Dos años después, mirarían cómo su esposo la acribillaba sobre la acera por la que caminaba a diario, de su trabajo a casa y viceversa.

No hablaba con nadie. De hecho, cuenta Gabriela Suárez, quien reside a pocos metros de donde la mataron, cuando los nuevos vecinos llegaron, taparon todos los ventanales de la villa y levantaron un muro.

Nunca se escuchó un solo grito. Lo único que supieron de ambos es que ella lo botó de casa, no quería regresar con él, y él “no se resignó”. Nelson Zumba tiene una tienda diagonal a la escena del crimen. Describe a Mercedes como una mujer callada, reservada y que solo cruzaba las palabras necesarias cuando iba por uno que otro producto a su negocio. La zona quedó en shock luego de la balacera.

Karina Morán, quien fue colgada de una viga, golpeada con una pala y acuchillada por su pareja en junio de 2018, era todo lo contrario. Era conversona, alegre, amiguera, risueña y buena gente, hasta que su relación con Gilmar Quiñónez empezó.

A Ana Lucía le da miedo contar lo que sabe, por eso pide que le cambien el nombre. No solo era vecina, sino amiga de Karina. Sabía que Gilmar era un hombre celoso, pero nunca dio señales de una actitud violenta. Su muerte la horrorizó.

Solo les pareció curioso, días antes de su deceso, que la mujer les pidiera a los muchachos del barrio que, si la escuchaban gritar, entraran de inmediato a su casa. Aquel día gritó, efectivamente, y solo un vecino ingresó al inmueble.

La voz agónica de la mujer emergía débil de la misma habitación de donde salió el hombre, a decirle que se fuera, que no pasaba nada, que estaban arreglando las cosas. El morador le hizo caso. Horas después, solo vieron su cadáver destrozado.

“Pudimos haber hecho algo, pudimos haber denunciado y no hicimos nada. La dejamos morir”, se castiga Ana Lucía. Su amiga fue una de las 29 mujeres asesinadas que registró la Fiscalía Provincial del Guayas en Guayaquil, durante 2018. En 2019, esa cifra se multiplicó a 49. Y ahora, en 2020, no termina el primer trimestre y van 13.

El Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía cerró el 2019 con más de 8.000 denuncias de violencia intrafamiliar. Según la Fiscalía, menos del dos por ciento de estos casos se denuncia.

Esto es, a criterio de Reyes, porque “el vecindario termina integrando una complicidad, sin intención, porque caen en una situación de indiferencia y de indolencia. De ahí salen muchas mujeres asesinadas”.

Concepción Barén lo entiende ahora, cuando Carolina ya está en el cementerio, cuando ya el vecindario trata de olvidar la escena de su cuerpo empapado con su propia sangre. “Si tal vez ella nos hubiera contado...”, reflexiona con la mirada clavada en los cachorros que se desperezan en un lugar donde antes hubo gritos ignorados.