El sábado un ‘eufórico’ Jaime Vargas, presidente de la Conaie, hacía una invitación a sus simpatizantes en Macas, Morona Santiago.

“Vamos a organizar con nuestros excombatientes, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”, dijo ante un coliseo lleno.

Ayer, en cambio, apareció un Vargas pacificador. Había convocado a los medios para explicar los alcances de sus palabras y aprovechó para “llamar a la tranquilidad de todos los hermanos y hermanas”.

Habló del derecho constitucional que garantiza autodeterminación, autogobierno, justicia ancestral e indígena. Y que en ese marco se ha propuesto crear una guardia indígena y comunitaria que brinde la seguridad dentro de sus territorios, pero apegada a la Constitución y de cooperación entre justicia ordinaria e indígena.

Aclaró que pueblos y nacionalidades reconocen a las autoridades electas y en especial al presidente Moreno, aunque durante el paro en la Casa de la Cultura ante miles de manifestantes llamó a los militares a desconocer al Gobierno. Pero en su afán conciliador añadió que se han propuesto mantener el diálogo.

Precisó que no habló de ejército armado o subversivo.

La confusión sería idiomática. “Como no es nuestro idioma a veces pensamos que estamos diciendo lo que es, si yo hablara en mi idioma achuar diría lo que yo pienso y están en la obligación ustedes los medios del país y cuando seamos presidente vamos a construir eso”, añadió.

Vargas está abierto a colaborar con la Fiscalía en la investigación del caso. Anunció que no se refugiará en ninguna embajada. La declaración de Vargas se da a pocos días del acuerdo que puso fin a la paralización que dejó seis muertos y más de 2.600 entre heridos y aprehendidos.

El tema de la ‘Guardia Indígena’ no es nuevo. El pueblo Sarayaku conformó en 2003 la Policía de la Comunidad, conocida como Wio, tras un conflicto con el Estado. Ese grupo, integrado por más de 100 personas entre jóvenes y adultos, brindó protección al médico Carlos Figueroa, al exasambleísta Cléver Jiménez y a su exasesor Fernando Villavicencio, luego que un fallo judicial los condenara en un juicio seguido por Rafael Correa.

Fue el expresidente Correa quien calificó a los Wio como grupos armados, porque disponían de escopetas que utilizaban para la caza y protección. Además de los Wio están los Erash, Arutam, Etsa y otros.

Pero no es la primera vez que se encienden las alarmas por el anuncio de supuestos grupos civiles armados. En 2016 se difundieron videos en los que aparecían dos militares capacitando a civiles relacionados al correísmo.

Se escuchaba a los uniformados compartir secretos para neutralizar a los adversarios. Ocurrió en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno de Correa y tras el pedido del exministro de Defensa, Ricardo Patiño, de fortalecer los colectivos de la Revolución Ciudadana.

Coincidió además con el arribo de 10.000 fusiles AK47 entre las donaciones por el terremoto de abril de 2016. Las armas permanecen embodegadas en un recinto militar porque no son de uso del Ejército ecuatoriano.

El 28 de septiembre de 2016, el exasambleísta Andrés Páez presentó una denuncia en la Fiscalía. Se abrió un expediente, declararon los militares y dos simpatizantes correístas que aparecían en las imágenes: Rodrigo Collaguazo, asambleísta alterno de Virgilio Hernández, y Karla Delgado, asesora de Patiño.

Collaguazo dijo que se hicieron peritajes y se comprobó que no aparecía en los videos con los militares. Insistió en que su participación fue en oratoria y organización política. Los militares de los videos fueron sometidos a un procedimiento disciplinario. Ya no están en la institución.

Páez recordó que entregó la grabación de la capacitación en el bosque protegido San Juan. Dijo que el caso fue conocido por el fiscal Wilson Toainga quien, tras la declaración de uno de los militares, “decidió congelar este tema”. El expediente no se ha cerrado. El martes anunció que pedirá nuevas diligencias. Él espera que Collaguazo, a quien atribuye la preparación paramilitar, sea sancionado. Collaguazo dice que “el que nada debe, nada teme”.

No existe confianza

El dirigente de la Conaie Jaime Vargas confesó que en los más de 10 años de correísmo se perdió la confianza en las instituciones. A pesar de eso reiteró que colaborarán con la Fiscalía.

Pero en lo que tiene que ver con las supuestas violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la protesta presentarán las demandas en instancias internacionales. Policías afectados, en cambio, lo harán ante la justicia ordinaria ecuatoriana.