Los estados de excepción han perdido su poder frente al crimen organizado y a la delincuencia común. Esa es la conclusión de expertos de seguridad consultados por Diario EXPRESO. 

Ellos enlistan los errores que ha repetido el Gobierno en su afán de reducir los niveles de inseguridad y de violencia que se cobran la vida de miembros de estructuras criminales y también de ciudadanos que coincidieron en tiempo y espacio con balaceras y atentados con explosivos, como si del Medellín de los años 80 se tratara.

El último hecho que ha sembrado terror en el país se registró en el Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil, con una bomba que mató a cinco personas e hirió a cerca de una veintena de vecinos. Además de los daños en varias viviendas. Producto de este suceso, el Gobierno volvió a declarar un estado de excepción en la ciudad; el cuarto por motivos relacionados con la seguridad ciudadana o por problemas en las cárceles.

“Estamos combatiendo la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Este Gobierno no pacta con las mafias y tampoco es indiferente”, dijo el presidente Guillermo Lasso el 8 de abril pasado desde la Playita del Guasmo, zona conflictiva por la influencia del narcotráfico. 

Ahí, el jefe de Estado presentó su plan para combatir a las mafias que, entre otros ejes, incluía el fortalecimiento de la Policía con recursos, que son insuficientes y llegan con retrasos, y el incremento en sus filas de 30 mil nuevos elementos en los próximos tres años.

El sargento de la Policía en servicio pasivo Fernando Samaniego, consultor en temas de seguridad y exmiembro de la Interpol y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), cree que la reacción en general del Gobierno es endeble y que eso se evidencia desde las labores más básicas, como los operativos temporales en zonas comerciales o en calles principales. 

“De ley tiene que haber el patrullaje preventivo, pero se debe marcar un patrullaje, acentuar el patrullaje en los lugares de confrontación de los problemas. No puede ser que una institución que vela por la seguridad de la ciudadanía esté a merced de los delincuentes que ponen una barricada y dicen ‘aquí no entran’”.

Esta situación se vive en sectores de Socio Vivienda, donde llaman a taxis de aplicaciones para secuestrarlos y pedir dinero a sus familiares; en la Isla Trinitaria, donde los camiones de víveres muchas veces no ingresan; o en otras cooperativas más al sur, al pie de los esteros de la ciudad, por ejemplo.

Sarmiento considera que los estados de excepción perdieron su efecto disuasivo porque los robos con muerte, sicariatos y bombazos no han cesado. En lo que va del año, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) contabiliza 112 eventos relacionados con explosivos en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), entre procedimientos de explosión, de destrucción, preventivos y de objetos sospechosos. 

Este panorama también se evidencia en los registros de 213 emergencias de amenazas de bomba del ECU-911 a nivel nacional de los últimos años: 2020, 34; 2021, 78; y en lo que va del 2022, 101.

Guayas registra el 50 % de esos reportes. En varios sectores de Guayaquil han detonado carros preparados con explosivos, tacos de dinamita, artefactos con otros químicos y granadas de uso militar. Mientras que las muertes violentas se contabilizan por sobre las 2.500, del 1 de enero al 15 de agosto de este año. En ese mismo periodo del 2021, los eventos de ese tipo llegaron a casi 1.780.

Los esfuerzos se han diluido porque se han ejecutado sin objetivos claros ni los recursos necesarios que solventen el equipamiento, alimentación y movilización adecuados, insisten los analistas consultados.

“Esto no es un problema fácil. La decisión lleva algunas complicaciones. Sin embargo, con el ministro de Gobierno hemos venido articulando varias actividades. El presupuesto del Ministerio del Interior es compartido con el Ministerio de Gobierno en muchos de los procesos (de contratación para luchar contra la delincuencia) que ya iniciaron allí. Los están terminando”, dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, la tarde del día del atentado, en una rueda de prensa. Él detalló que se han usado $ 2,4 millones para la operatividad de la institución en la Zona 8, de los $ 11 millones que el Gobierno ofreció a inicios de este año.

Ahí, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, defendió las declaratorias de estado de excepción. "Los estados de excepción permiten intensificar los operativos. Permiten tener una mirada mucho más cercana al territorio, coordinar interinstitucionalmente con algunas dependencias", indicó el funcionario.

Según el Gobierno, antes de los últimos estados de excepción, el país registraba un promedio diario de 7 a 8 muertes violentas; versus los 4 eventos de ese tipo después de esas medidas.

La lucha contra el crimen organizado va más allá de acciones reactivas. Johanna Espín, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), aborda la necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones con los mejores perfiles. Aquellos que tengan experiencia en temas de seguridad. 

“La relación entre el Gobierno y la Academia podría ser mucho más estrecha. Por ejemplo, hace poco tuvimos el nombramiento del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, que me dejó un poco confundida respecto a la experiencia en materia de seguridad. Me parecía más bien un nombramiento que respondía a dar cierto nivel de estabilidad política”.

Una vez fortalecidas las instituciones, se deben trazar caminos claros de las tareas a ejecutar, con metas y roles precisos, en campos tan sensibles y estratégicos como el de la inteligencia, añade Espín. 

Con esa herramienta de recepción de información en los diferentes niveles del Estado, ya sea que se trate de pasos fronterizos regulares, juntas parroquiales, alcaldías, entre otros espacios, podrían detectarse amenazas, como los atentados que hoy siembran el terror. Por ejemplo, en 2018 una bomba sacudió un cuartel policial en San Lorenzo, en Esmeraldas, como antesala de lo que sucedería después con el secuestro de un equipo periodístico.

Esos esfuerzos, enfatiza Espín, tienen que ser coordinados entre los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuyos objetivos deben estar enfocados en la detención de los cabecillas y mandos medios de las bandas organizadas; además de la incautación del dinero que financia la compra de armas, por ejemplo.

Otro de los ejes que también se debe priorizar, según la catedrática de Diseños de Proyectos de Prevención del Delito, es el de generación de políticas públicas, sobre todo, para los sectores deprimidos, donde las necesidades insatisfechas son el común denominador: con la dotación de servicios públicos, creación de fuentes de empleo, implementación de programas sociales y culturales para niños, adolescentes y adultos, donde la comunidad se integre en proyectos de beneficio común.