El proceso de diálogo que el Gobierno ha abierto con las universidades del país es, hasta este momento, favorable, pero también, como todo diálogo, está mantenido por expectativas. Las instituciones de educación superior vienen de un largo período, una especie de noche oscura, no de los místicos sino de las de los pecadores, donde la imposición de un solo modelo y de una hiperregulación han afectado al sistema entero en su eficiencia y a su capacidad de supervivencia en el mediano plazo.

El problema del modelo vigente en la LOES 2010 es la intolerancia frente a la diversidad. Mundial y regionalmente las universidades son cada vez más diversas y ni la planificación ni la regulación del Estado pueden asfixiar esta diversidad. Imposible por ejemplo, reconocer el modelo de Córdoba de hace un siglo en la multiplicidad de instituciones en el mundo. Máximo si se aceptan postulados como “la educación para toda la vida” o se afrontan los cambios que se están introduciendo en la docencia y en la producción científica con las nuevas tecnologías, los cambios de auditorios, las limitaciones de lo presencial, como el experto mundial Jamil Salmi ha mostrado.

El diálogo debe abrir entonces el camino hacia la diversidad. Es el caso de las universidades privadas, cuya gobernabilidad y sostenibilidad no pueden centrarse en un modelo quizá válido para las instituciones que dependen directamente del Estado, pero inaplicable para las que tienen que autofinanciarse basándose en su misión y resultados, y en la capacidad de gestión de quienes las dirigen.

En este sentido, la Propuesta de reforma a la LOES presentada por Senescyt, CES y Ceaaces la semana pasada a la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, debe incluir la diversidad existente, comenzando por la diferencia entre públicas y privadas, respetando y consolidando tanto a las unas como a las otras.

En múltiples oportunidades un grupo de universidades privadas ha planteado ya con detalle a todas las instancias del Estado, sus posiciones y su proyecto de reformas en gobernabilidad y autonomía académica.