Aunque el Ministerio de Educación compartió cifra de establecimientos escolares con afectaciones y dijo que las cifras se basan en una evaluación, informes de los cantones y reportes de los directivos de escuelas y de los maestros, la Unión Nacional de Educadores (UNE) ha cuestionado esos datos y las medidas adoptadas por la Cartera de Estado con miras el inicio de clases del periodo 2023-2024 en el régimen de Costa. 

A través de un comunicado, el gremio afirma que hay más unidades educativas afectadas por las lluvias y por el sismo de marzo pasado que lo que indican las cifras oficiales, lo que dice sustentar en los testimonios de los propios docentes que volvieron a sus sitios de trabajo el 14 de abril.

También rechaza la decisión de iniciar clases en modalidad no presencial en los locales que tienen afectaciones de tipo estructural, dado el limitado acceso a tecnología por parte de los alumnos de hogares de escasos recursos. "¿Quién dotará de internet a estudiantes y docentes?, ¿Dónde queda el derecho a una educación de calidad?”, pregunta.

Además de las lluvias y el sismo, la UNE recuerda que hay otros problemas que afectan a las escuelas y que no han sido considerados y solucionados: “El Gobierno no dice nada sobre los planteles desmantelados por la delincuencia durante las vacaciones. Tampoco se incluye en la lista a los que no han recibido mantenimiento por años”.

Para el gremio, esto es desconocer las escuelas con bancas destrozadas, baños fuera de funcionamiento, pozos sépticos desbordados, red eléctrica dañada, “realidades que no están en las cifras del régimen para no invertir en educación”, afirma.

El gremio demanda que haya un proceso de supervisión y mantenimiento, según los niveles de riesgo, establecer problemáticas y prioridades a la infraestructura educativa, antes del retorno. "No hacerlo sería poner en riesgo la vida de todos los actores educativos", advierte y pide un mayor presupuesto para las reparaciones de los planteles.