Una semana de Herrería y las expectativas siguen pendientes

Hoy, sábado 29 de noviembre, se cumple una semana desde que se anunció el nombramiento de Enrique Herrería como secretario jurídico de la Presidencia y apenas cuatro días desde que se sentó en su nueva oficina, pues recién el miércoles último se posesionó en el cargo. Su designación fue, sin duda, la de mayor relevancia y expectativa entre los cambios en el gabinete que el presidente Daniel Noboa anunció tras el desastroso resultado electoral de la consulta popular del 16 de noviembre. Tener como secretario jurídico a un exjuez de la Corte Constitucional -con una dilatada carrera política y profesional- es una anormalidad en un gobierno donde ese puesto ha estado en manos de juristas de segunda línea, por lo general muy jóvenes y sin mayores pergaminos.

Desde esa perspectiva, podría pensarse que Herrería está sobrecalificado y que las razones para su nombramiento van mucho más allá de redactar proyectos de ley o simples decretos. Por lo que dijo en entrevistas previas a su posesión (luego de eso no ha concedido ninguna), su papel estará enfocado en una dimensión política: llegar a acuerdos con la Corte Constitucional para impulsar reformas legales que respeten el espíritu constitucional, pero que permitan introducir cambios en el Estado. En otras palabras, no atropellar a la Corte -como fue el impulso del Gobierno antes de la consulta-, sino trabajar con ella. La otra anormalidad de su designación es que muestra cierta madurez: Herrería fue escogido a pesar de haber sostenido críticas públicas al Gobierno, como su advertencia de que las leyes urgentes aprobadas en la Asamblea no pasarían el control constitucional, o su cuestionamiento al viaje del presidente tras la derrota electoral.

El debut de Herrería en el cargo no ha sido, sin embargo, el más auspicioso. El jueves 27, la Secretaría Jurídica que ahora dirige incurrió en un bochornoso episodio: elaboró un decreto para el reciente viaje del presidente Noboa a Estados Unidos afirmando que el desplazamiento era oficial (sin especificar actividades) y, apenas dos horas después, lo sustituyó por otro que decía que era privado. El decreto original, además, señalaba que la Secretaría de Administración conformaría la comitiva que debía acompañar al mandatario. El documento se difundió muy temprano el jueves, cuando aún no se disipaba el revuelo por el viaje previo a Estados Unidos (del 18 al 20 de noviembre), sobre el cual el Gobierno no entregó ninguna información. Desconociendo o atropellando la ley, el secretario de Integridad, José Julio Neira, dijo que el presidente tiene la prerrogativa de calificar sus visitas al exterior y que esa había sido declarada “confidencial” por tratar temas de seguridad y asuntos comerciales. Según la ley, para que una reunión presidencial sea confidencial debe cumplir con requisitos específicos, entre ellos contar con un decreto motivado, cosa que ese viaje no tenía ni de lejos.

Un escándalo mediático que pudo evitarse

El decreto fue reemplazado dos horas más tarde por otro que derogaba el primero y cambiaba por completo la naturaleza del viaje: si en el original decía que era oficial, en el segundo se afirmaba que era privado; y si en el primero se asumía que los costos iban por cuenta del Estado, en el segundo se indicaba que serían pagados por el propio presidente. ¿Por qué el cambio? Este medio consultó con la oficina de Herrería, donde dijeron que todo fue un error. Según esa versión, la persona encargada de procesar el decreto no había sido bien informada y colocó datos incorrectos. Sin embargo, esta explicación deja interrogantes. ¿Cómo es posible que la Presidencia no haya informado desde el inicio que el viaje era personal? Eso habría sido lo lógico tras la polémica del viaje anterior.

El cambio, en realidad, se produjo luego de que en el chat de WhatsApp de la Cancillería con periodistas se desatara un lío: comenzaron las preguntas sobre la agenda del viaje, reuniones, temas a tratar, lugares a visitar, y la coincidencia con el feriado de Acción de Gracias -cuando no hay funcionarios disponibles en EE. UU.- generó aún más dudas. Ante la avalancha de preguntas, los funcionarios de Cancillería guardaron silencio por dos horas hasta que apareció el segundo decreto. Suena más verosímil que la versión oficial: el cambio se produjo únicamente tras los reclamos de periodistas que anticipaban un escándalo mediático.

A pesar de este vergonzoso episodio, Herrería parece más enfocado en su papel futuro como bisagra con la Corte Constitucional, con la que aspira a alcanzar un entendimiento. Se sabe que su cometido es pedir a ese organismo una interpretación constitucional al tema de los llamados sectores estratégicos de la economía para conseguir una mayor participación del sector privado en esas áreas y ver si se consigue mayor inversión extranjera. También una reforma a la legislación laboral. Según ha dicho Herrería, la Corte Constitucional no puede seguir actuando apegada al sentido literal de la ley sino a las circunstancias en las que se desarrolla el país. Así, por ejemplo, la legislación laboral tiene que acoplarse a las nuevas realidades como la inteligencia artificial y a las nuevas modalidades de contratación y dejar de lado las viejas visiones sindicalistas reinantes desde los años 70 del siglo pasado.

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