Las familias de los presos tienen que realizar transferencias bancarias semanales, quincenales y mensuales de distintos valores económicos a un solo convicto que se lo denomina el jefe de ala. Él junto a otros tres jefes de ala integran cada uno de los 12 pabellones de la Penitenciaría del Litoral. Su función es cobrar y abastecer de productos a los internos de cada celda.

Pero este tipo de movimientos, en el cual una persona recibe miles de dólares cada semana de cientos de cuentas bancarias sin explicación legal alguna no causa incomodidad a la Superintendencia de Bancos.

Diario EXPRESO pidió el detalle de “acciones contundentes” durante 2021, 2022 y lo que va de 2023 para detener las extorsiones en las cárceles del país a través de depósitos bancarios y respondió que dentro de sus competencias no existe tal responsabilidad, porque su trabajo es regular los bancos y no a los cuenta ahorristas.

Si lo hacen, afirman que incumplen el sigilo bancario. A tal punto que citaron el artículo 60 del Código Orgánico Monetario y Financiero que señala las funciones de la Superintendencia: “efectuará la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las actividades financieras del país”.

Y es por este mismo artículo que se insistió en una entrevista para conocer de las acciones realizadas pero expusieron que “si es que se necesita levantar un sigilo bancario a nosotros nos obliga un juez, y para que llegue esa orden del juez debe llegar a una sentencia y para que haya un caso o proceso debe haber una investigación previa, motivada por una denuncia a la Fiscalía”, se respondió desde el  organismo de control.

Situación que es criticada por el abogado penalista y criminólogo Juan José Hidalgo Huerta, quien reitera que la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos les ordena emitir la alerta no solo desde este organismo, sino en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) más la Fiscalía General del Estado.

“Y no solo esa ley, sino el COIP con la extorsión, todos los acuerdos y tratados internacionales firmados sobre derechos humanos,  más las normativas tipificadas para combatir la corrupción”, puntualizó Hidalgo.

Por su parte, la UAFE, entidad encargada de la recopilación de información, realización de reportes y la erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos respondió a EXPRESO que ejecuta un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII), que se remite con carácter de reservado, y de forma exclusiva a la Fiscalía General del Estado.

La entidad se negó a compartir cuántos ROII ha generado en 2021, 2022 y lo que va de 2023 escudados con el argumento de que se trata de “información de carácter de reservado, y que es enviada de forma exclusiva a la Fiscalía General del Estado”.

Este periódico no solicitó nombres particulares o números de cuentas bancarias específicas sino los trabajos realizados pues según su misión de existencia es evitar el financiamiento de delitos y el lavado de activos.

Y ante la insistencia de este medio de comunicación decidió compartir un documento que elaboró para una evaluación  que se hizo al Ecuador durante 10 días por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica a inicios de 2022.

En ese documento se señala que la Fiscalía también fue evaluada y arrojó que 2021 se procesó 68 casos por el delito de extorsión, pero no se detalla cuántas judicializaciones son por temas carcelarios. Tampoco se indica nada del trabajo realizado en 2022 y mucho menos en lo que va de 2023.

En ese orden, Hidalgo Huerta expone que con las reformas realizadas a la ley en temas contra la corrupción la UAFE ya no necesita emitir un informe para que sea enviado a la Fiscalía y recién ahí se inicie una investigación y posterior proceso.

“Es una tirada de pelota terrible... Pero como solo les interesan casos mediáticos como los de Petroecuador, no los toman en cuenta. En los cambios dados a la ley se pone la responsabilidad penal hacia la persona jurídica que no tenga un manual de prevención para el lavado de activos para que sean coadyudantes a las autoridades de control. No es opcional, todos están incluidos según los convenios firmados ante la ONU, la OEA e incluso con los acuerdos en materia de seguridad firmados con Estado Unidos a través de su Departamento de Estado”.

Asimismo se pidió a la Fiscalía General del Estado que detalle cuántos ROII ha entregado la UAFE en 2021, 2022 y lo que va de 2023 sobre el tema de extorsiones en las cárceles y también se negó a dar al menos información general. Expuso que dicho contenido es de “circulación restringida”.

No obstante en el informe de la UAFE para el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica puntualiza que del 100 % de las investigaciones que realiza la Fiscalía, apenas el 16 %    son por alertas de un ROII.

• Las cuentas que usan en extorsiones

A los familiares de reos, víctimas de extorsión, los obligan a pagar a través de cuentas bancarias, esos canales digitales que con la tecnología de hoy los bancos pueden identificar movimientos poco usuales y que deberían de alertar a las instituciones de control, como la Superintendencia de Bancos, la UAFE o la Fiscalía. Esas instituciones también pueden rastrear el destino de esos valores. Según las víctimas, hay veces en que se bloquean esas cuentas bancarias y que reciben órdenes para que hagan los depósitos en otros canales, hasta que se reactiven.