Mariana (nombre protegido) hace cuentas y no sabe cómo pudo conseguir al menos $ 26 mil en tan solo dos años para pagar la supuesta seguridad, alimentación, insumos y más pedidos exigidos desde la Penitenciaría de Guayaquil, con el fin de preservar la vida de su hijo, quien tenía problemas de adicciones y fue detenido por supuesto microtráfico en una redada realizada en el suburbio.

“Vendí todo, muebles, licuadora, me quedé en la nada, para que lo protejan y esté bien, pero no sirvió porque lo desmembraron en la masacre, fue una mentira. Se aprovecharon del temor y la desesperación y así con todas las familias que tratan de ayudar en algo a su pariente. A mí me llamaron al mes y medio de haber  muerto, porque había quedado una deuda de $600 y que pague porque estaba creciendo”.

Mariana quedó en shock después de esa llamada y no pensó dos veces en ser radical, además de destruir ese chip de telefonía celular, cerró sus redes sociales, configuró sus correos, renunció a su trabajo y ahora vive de forma “incógnita”, pues teme ser encontrada por ellos y revivir su calvario del 2020 y 2021.

Sin embargo, Mariana ha corrido ‘con suerte’ en relación a otros casos, porque hay madres de familias que tuvieron que pagar la deuda sí o sí porque además de ser encontradas tienen otro allegado encerrado en prisión y deben proteger al que está adentro con rubros semanales, quincenales y mensuales.

Paola Chávez, quien perdió a un hijo, pero tiene otro también cumpliendo una condena por robo, señala que todo es parte de un estudio que realizan las bandas delictivas, pues recuerda que días anteriores a la llamada varios motociclistas rodearon su vivienda.

Al mirar atrás, enfatiza que las amenazas son parte de un plan estructurado, porque durante los velorios de los asesinados en septiembre de 2021 hubo atentados contra las casas de las familias de los convictos.

Chávez enfatiza que no hay opción al reclamo, porque considera que el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) no toma medidas al respecto. "El SNAI lo sabe y lo permite, no sirve de nada pagar el economato porque obligan a comprarles  a ellos con sobre precio". 

Diario EXPRESO, pidió una entrevista con el titular del SNAI, Guillermo Rodríguez pero fue negada porque se indicó que no hay agenda de medios desde que asumió el cargo en octubre de 2022. Lo que hicieron fue responde a través de un comunicado que indicar que han trasladado en 2022 a 2.977 Personas Privadas de Libertad y que en 2023 van 19.

"El numérico indicado se refiere a traslados por seguridad de diversa índole y en este número se encuentran los traslados por casos de extorsión" contestaron desde el SNAI.

Por ahora vive pendiente de las llamadas de su hijo especialmente porque “hay mucha tensión” con la prelibertad de alias JR, segundo al mando de Los Choneros. Dice estar preocupada porque desde adentro de la cárcel temen por una nueva masacre, en caso de que exista alguna pelea con alias Fito, el líder máximo de la misma organización delictiva. 

La situación 

• Reparaciones   

Las familias de los asesinados en las masacres de 2021 y 2022 aún no reciben los ofrecimientos realizados por el Gobierno Nacional.

• Asistencia

Las familias insisten en que se brinde asistencia psicológica para el acompañamiento y cuidado de su salud mental.

• Pedidos   

Las familias exigen a las autoridades de control que se realice un verdadero seguimiento de los movimientos bancarios para detener las extorsiones.