Son las 23:55, lee en voz alta uno de los soldados que patrullan el suburbio de Guayaquil. Sujeta su arma tipo fusil y da la orden de detener la marcha de la camioneta, bajar, requisar un grupo de personas y pedir refuerzos, si es necesario.

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Sospechan de algo: “Buenas noches, señores. En unos minutos es el toque de queda, ¿por qué no están en sus domicilios?”, pregunta el soldado de las Fuerzas Armadas, mientras con una linterna apunta una caja de madera llena de cigarrillos y dulces, apostada sobre un banco plástico que fue ubicado en la esquina de la calle Gabriel García Moreno, en el sur de la urbe.

“Ya nos íbamos”, responde titubeante una mujer de aproximadamente 40 años, mientras su hija, una adolescente, es requisada por una militar ante la mirada inquieta de quien sería su nieta, una niña que bordea los cinco años de edad.

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En esa escena, hay contraste, porque pese a que en la acción militar no hay violencia alguna, las armas de largo alcance, las calles desoladas y el uniforme militar chocan con la pijama color rosa de la menor que, al ver a su madre con los brazos sobre su cabeza y contra la pared, grita: “No, deja a mi mamá”. Ambas sonríen nerviosas.

Minutos después, llegan más refuerzos, ante la sospecha de que en el lugar no solo venden cigarrillos. También, sustancias ilícitas. “A quién le va a vender a esta hora si ya casi es el toque de queda, señora. Por favor, recoja todo y márchese”, insiste el soldado, en actitud inquisidora. La mujer y demás familiares, que asoman de una pequeña villa ubicada en el sector, acatan la orden y, a paso acelerado, ayudan a recoger todo para retirarse en silencio.

Esta escena, según la patrulla de la Armada a la que este Diario pudo acompañar en un recorrido durante el toque de queda, en el centro de Guayaquil, es la más recurrente. Pues aseguran que cuando los delincuentes intentan camuflarse, lo hacen en escenarios como estos: “Cuando hay niños y mujeres, lo más probable es que haya una acción ilícita. Es una estrategia que usan para frenar la acción militar”.

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Muestra de ello, la casi captura de dos pistoleros en cerro de El Carmen, en el centro de la urbe porteña, que mientras la patrulla de la Armada circulaba por la zona, abrieron fuego al aire, alertando al contingente militar: “Sin carros, para aquí, subimos”, dio la orden el comando en jefe de la tropa, iniciando una persecución cuesta arriba por las estrechas calles del cerro que duró un poco más de 30 minutos, y en la que no hubo resultados: “Casi lo agarro, pero el pistolero se metió en una casa donde había niños para saltar desde el balcón al otro lado del cerro. Ni el arma la rastrillé”, lamentó uno de los soldados que aseguró tener al objetivo cerca, pero que al observar a niños en el área contuvo la acción militar. Lo cuenta mientras ordena al resto de la tropa limpiar la recámara de las armas que rastrillaron pero no fueron detonadas.

01:00, el recorrido continúa por las calles céntricas de Guayaquil que, desde la declaratoria de estado de excepción -con toque de queda- y el inicio de un conflicto armado interno, en el que se han reducido las muertes violentas en un 41 %, están llenas de contrastes; como la tensa calma que perciben sus habitantes en medio de una guerra interna o la mendicidad que encuentra lugar en las veredas vacías de una urbe que ha sido militarizada y que saluda, con gran fervor, por las noches, a los soldados que patrullan la zona.

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“Son adultos mayores en situación de calle, ahí duermen casi todos los días”. “Siempre que pasamos nos saludan”. “Han de tener frío, hoy llovió fuerte”, comentan entre sí los soldados que recorren las calles a bordo de tres camionetas cedidas por el Municipio de Guayaquil. Segundos después, aquella escena que llenó el ambiente de nostalgia, se esfumó a raya. El carro frenó y la tropa bajó de los vehículos para requisar a un grupo de personas que estaban bailando y bebiendo en la calle.

Ante la solicitud de documentos y requisa por parte de la tropa militar, tres de ellos sacaron con actitud conciliadora una especie de salvataje de sus bolsillos: la credencial del Consejo de la Judicatura que los acredita como jueces. “A qué se dedica”, pregunta el militar. “Soy juez, ya nos íbamos”, justifica el libador que se movilizaba, junto a otros funcionarios, en vehículos particulares sin placas, con vidrios polarizados y sirenas policiales que habían sido colocadas en el parabrisas del auto.

Uno de ellos también portaba un arma traumática, en el cinto del pantalón. Era un juez de aproximadamente 35 años, y quien se distinguía de los otros por los tatuajes que lucía en su brazo derecho: un lobo. La tropa corroboró, a través de una llamada a la central que el juez que violaba la ley estaba habilitado para portarla.

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Los militares devolvieron los documentos y les autorizaron marcharse, pero insistieron en el retiro de las láminas de los vidrios de los vehículos y las sirenas: “No estás autorizado para transitar así”, repite uno de los soldados. “Sí mi comando”, responde el juez libador que, pese a haber ingerido bebidas alcohólicas, subió al vehículo y marchó.

“Esto es lo que pasa cuando son la ley”, comenta con el rostro desencajado el comando en jefe que, el 8 de febrero de 2024, cumplió un mes de haber arribado a Guayaquil junto a otros soldados, desde Santo Domingo de los Tsáchilas, para reforzar la estrategia de seguridad que, hasta ahora, se traduce en la detención 6.341 personas y la incautación de 46 toneladas de droga.

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02:00, el patrullaje continúa y avanza a una de las avenidas más transitadas de Guayaquil. Ahí, otro grupo de libadores que ante la presencia militar, intentaron huir. “¿A qué se dedican?”, preguntan los soldados mientras realizan una revisión en la zona. “Somos comerciantes”, responde a gritos una mujer de nacionalidad extranjera, con actitud sospechosa.

A ella, los soldados le encontraron $ 5.000 guardados en un pequeño bolso que portaba a la altura de la cintura. “Es el dinero de las ventas de hace cuatro meses, no he podido ir al banco a depositar”, se justifica la mujer que, minutos después, agrede a gritos a uno de los soldados que cuenta el efectivo sobre el suelo y da aviso a la Policía Judicial para que proceda. Un aviso que no tuvo respuesta porque, durante el patrullaje en el que este Diario viajó por las calles de Guayaquil, no se evidenció ni presencia policial ni de agentes de tránsito.

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