Diligencia. Jorge Rodríguez (d), Germán Rodas, Ximena Moreno, Julio César Trujillo y Marcelo Merlo, a su salida de la Fiscalía tras reconocer sus firmas.

Tres casos, los mismos actores

Un exgerente de Petroecuador, llamado a juicio por supuesta delincuencia organizada, también tendrá que dar su versión.

Los casos de corrupción se entrecruzan. Un exgerente de Petroecuador, llamado a juicio por supuesta delincuencia organizada, también tendrá que dar su versión en la investigación de la red de sobornos creada por la constructora Odebrecht.

Se trata de Marco Calvopiña, actualmente detenido por delincuencia organizada en la petrolera estatal. La Fiscalía sospecha que recibió transferencias de 100.000 y 300.000 dólares en una offshore.

Su nombre, sin embargo, también figura en el expediente de asociación ilícita que investiga a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas y otros, por las supuestas coimas entregadas por la brasileña Odebrecht.

Calvopiña, como EXPRESO publicó el sábado, fue llamado a dar una versión. Mañana será el segundo intento. Su abogado Pablo Encalada cree que la fiscal Diana Salazar lo citó porque el contrato del Poliducto Pascuales-Cuenca fue firmado mientras era gerente de Petroecuador y Ramiro Carrillo -investigado por lavado de activos en otro de los casos Odebrecht- fue quien los suscribió con un poder otorgado por Calvopiña.

Otro gerente de Petroecuador vinculado a los dos casos es Pedro Merizalde. Él es investigado por perjurio y lavado de activos. También fue llamado por Odebrecht.

El tercer caso en investigación son las supuestas coimas pagadas por Caminosca a funcionarios públicos. También hay nombres que se repite: los sectores críticos al oficialismo señalan a los mismos responsables políticos.

Ayer, los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción reconocieron sus firmas en la denuncia presentada contra el vicepresidente Jorge Glas por Caminosca. Ellos creen que es uno de los responsables políticos de las presuntas anomalías y pidieron que sea investigado. También señalan al exministro de Energía, Esteban Albornoz y el exministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda.

Ayer, César Montúfar, dirigente de la Concertación, incluso pidió investigar a Glas por concusión.

Igual que en Petroecuador la estructura de corrupción se replica en Odebrecht y Caminosca: sobornos, intermediarios, empresas fantasmas, contratos con el Estado, obras emblemáticas.

Se habla de sobornos millonarios. En Petroecuador por una cuenta offshore del exgerente Álex Bravo (detenido) pasaron 12 millones, de contratistas. En Odebrecht, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que serían 33,5 millones en coimas (uno al exministro Alecksey Mosquera) y en Caminosca, 3,3 millones por Toachi Pilatón.

En todos hay otra constante, asegura Julio César Trujillo, de la Comisión Anticorrupción. “En esas obras emblemáticas de Correa los contratos se adjudicaban previa declaratoria de emergencia y la adjudicación era a dedo”, señala. Cita otra característica: “Las obras se adjudicaban al que ofrecía el menor precio y en el camino venían contratos complementarios que, en algunos casos, llegaban al 100 %”.

Para saber

Contraloría

Julio César Trujillo recuerda que en el Gobierno del expresidente Rafael Correa se eliminó el informe previo de Contraloría para los contratos.

Expedientes

Por Petroecuador, Odebrecht y Caminosca existe medio centenar de casos abiertos en la Fiscalía.

Procesados

En Odebrecht hay 14 sospechosos. Entre ellos, el excontralor Carlos Pólit. Su caso alcanza casi 200 carpetas.

Los delitos

Concusión

La concusión se refiere a solicitar un beneficio económico por hacer o dejar de cumplir alguna de sus obligaciones. Ese delito se sanciona con entre tres y cinco años de cárcel.

Cohecho

Los funcionarios que reciban o acepten algún beneficio económico indebido para hacer o dejar de hacer algo serán sancionados con pena de entre uno a tres años de cárcel.

Asociación

Cuando dos o más personas se asocien para cometer delitos sancionados con menos de cinco años, cada una recibirá entre tres y cinco años por el solo hecho de la asociación.