Al traste, el 60 % de ley de Educacion Superior
Proyecto. En la Ley de Educación Superior se plantean 149 reformas. Además se cambian las normas de las cuatro universidades emblemáticas.
La educación universitaria en Ecuador cumple estándares de calidad “aceptables”, según la Comisión de Educación de la Asamblea. Este fue uno de los sectores que, durante la década pasada, sufrió una importante injerencia del poder político sobre todo tras la emisión de la Ley de Educación Superior, en 2010.
Tras ocho años de vigencia, cerca del 60 % de ese cuerpo legal será modificado, según Silvia Salgado, presidenta de esa Comisión legislativa. Hoy está previsto el segundo debate del proyecto de reforma.
En el balance final, los asambleístas destacan logros bajo la ley actual. Pero dicen que debe ser ‘readaptada en su definición y aplicación’. En el informe que irá a debate, los legisladores, por fin, se hacen eco de algunos de los permanentes reclamos que hicieron los actores del sistema.
El primero, “el mecanismo actual de la entrega de recursos públicos ignora sus necesidades específicas”, reconoce el documento. Por eso, la propuesta ahora es que, entre otras cosas, el Estado asegure la entrega de recursos, por lo menos, en el monto recibido el año precedente. Además, los legisladores aseguran que, bajo el modelo actual, los centros educativos con mejor calificación reciben más dinero. La idea es cambiar esa lógica con otros parámetros de evaluación.
El segundo, el acceso a las aulas. Según las cifras oficiales, la tasa de matrícula pasó de 521.424 estudiantes en 2012 a 571.880 en 2016. Ese resultado, sin embargo, tiene un matiz importante: “hay una demanda insatisfecha de 215.262 aspirantes”, reconocen los legisladores. ¿La solución? La apuesta del Estado es la formación técnica y tecnológica. En la reforma que se debate hoy se plantea otorgarles un nuevo marco legal que los equipare con las universidades.
El tercero, el régimen administrativo, sobre todo, en las universidades privadas. Ellas tendrán la posibilidad de crear un ‘consejo de regentes’ que estaría facultado para aprobar los planes estratégicos y calificar las candidaturas para la elección de las máximas autoridades. Además, los docentes tendrán un régimen especial de trabajo que contemplará, entre otras cosas, el ingreso, la permanencia, la terminación de la relación laboral o las remuneraciones.
Recursos
El Estado no podrá ‘retirar’ los recursos de las universidades. Los saldos no usados se acreditarán automáticamente en la planificación del siguiente año.
Acceso
El sistema brindará las facilidades para escoger entre carreras o instituciones que correspondan a la decisión del aspirante y proporcionar opciones afines.
Aptitudes
El sistema de admisión deberá valerse del componente de aptitudes para admitir al postulante. Habrá un segmento adicional de nivelación.
Becas
Ahora sí, el apoyo financiero se orientará a grupos minoritarios. Este beneficio también se aplicará en los institutos técnicos y tecnológicos.
Evaluación
Los programas que no logran la acreditación deberán plantear la formulación e implementación de un plan de mejoramiento de tres años.
Institución
El actual Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación se transforma en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad.
