Ha sido un “tiro al blanco”, sangriento y desproporcionado, el accionar de los francotiradores de la Tzáhal (nombre genérico de Fuerzas Armadas), en la frontera de la Franja de Gaza con Israel, contra jóvenes palestinos desarmados que participaban, el viernes 30 de marzo, en el inicio de la movilización general La gran marcha para el retorno de los refugiados, donde han caído abatidos con balas reales de grueso calibre 16 palestinos y se calcula, según la Media Luna Roja, alrededor de 1.400 heridos.

Frente a las nuevas discordias provocadas por Trump y a su repudio como pacificador, las facciones palestinas han depuesto posturas divergentes y acordado asumir una nueva estrategia para continuar luchando por el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de NN. UU. sobre los territorios ocupados por Israel, violando el derecho internacional. Esta se basa en el fracaso de la lucha armada y la necesidad de insistir a nivel mundial en la legitimidad y legalidad del reclamo palestino. Para ello se han impulsado grandes movilizaciones civiles pacíficas desde el 30 de marzo, Día Mundial de La Tierra, que deben concluir el 14 mayo, cuando se conmemora la “Naqba”, o la gran catástrofe de la expulsión de cientos de miles de palestinos cuando NN. UU. creó el Estado de Israel, y que coincide con el traslado de la embajada de EE. UU. a Jerusalén. Según los líderes políticos palestinos, “el objetivo de las marchas pacíficas es hacer llegar a la opinión pública global nuestra causa y nuestro derecho a regresar a nuestra tierra”.

En este escenario de comunidades enfrentadas, primacía de la pureza étnica y defensa a ultranza de religiones, el conflicto es inminente. Lamentablemente y para bochorno del Estado de Israel, se produjo un uso desproporcionado e innecesario por las FF. AA. mejor entrenadas y armadas del mundo de acuerdo a varios analistas, equipadas con armas de tecnología de punta y drones para lanzar gases lacrimógenos, enfrentando a jóvenes que portaban piedras, cocteles molotov y llantas. Mientras NN. UU. y UE piden una investigación independiente, las máximas autoridades israelitas se oponen.