Terrorismo de Estado

Una de las manifestaciones más aberrantes de las dictaduras que azotaron al Cono Sur de América Latina, fueron las diversas formas de terrorismo de Estado en que incurrieron para combatir a sus opositores. Todavía subsisten desapariciones sin aclarar, propias de esos días oscuros, y son emblemáticos algunos secuestros y múltiples asesinatos. Diversas comisiones de la verdad se formaron a poco de retornar los países afectados a la vida constitucional. Todas produjeron informes que se volvieron una especie de clásicos respecto a lo que no se debe permitir que retorne a enlutar al continente. Sin embargo, en la nueva plaga del siglo XXI, las dictaduras de elección popular, el terrorismo de Estado regresó y, por desgracia, también actuó en el Ecuador, contando para su maléfico accionar con la complicidad de las autoridades de control y el silencio de la Asamblea Legislativa. Solo el quehacer responsable de los medios de comunicación colectiva permitió que el conglomerado nacional se mantenga informado respecto a situaciones violatorias de derechos humanos y de los irrespetados textos de una Constitución falsamente garantista, como la de Montecristi, dado que a su sombra se montó un gran aparataje para otorgarle impunidad a los seudorevolucionarios corruptos.

Así, resultarán paradigmáticos en la historia del totalitarismo nacional, casos como el secuestro de Balda, la prisión de Lara o el asesinato de Gabela, para solo citar tres de los que recientemente han sido motivo de distintas revelaciones y esclarecimientos.

El caso Gabela, sobre todo, si tienen razón quienes vinculan la muerte del general a las denuncias que se permitió realizar respecto de la adquisición de helicópteros Dhruv, es especialmente llamativo por el cúmulo de mentiras y manipulaciones que ha permitido observar a lo largo de ya ocho años, salvo lo actuado con valentía y amoroso tesón por la señora Patricia Ochoa viuda de Gabela.

Hasta los informes de los peritos contratados han sido mutilados o desaparecidos. Igual sucede con las actas de voluminosas comisiones destinadas a esclarecer “la verdad de los hechos”, cuando su propósito era ocultarla.

En guarda del honor de la República es obligación de todos exigir que la impunidad no se imponga de nuevo.