Tercer diferimiento del juicio de peculado para Solís y otros

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Tercer diferimiento del juicio de peculado para Solís y otros

El tribunal no pudo instalar la audiencia por la ausencia de Gladis Terán, abogada de Marco Rodas, quien presentó la copia de un certificado médico.

CASO SENAGUA1
Marco Rodas, uno de seis procesados por peculado en el caso Senaga, porta un dispositivo electrónico en su tobillo derecho.Karina Defas

Marco Rodas cruzó por el centro de la sala de audiencia del octavo piso de la Corte Nacional portando su grillete electrónico en el tobillo derecho. Él es uno de seis sospechosos del posible delito de peculado cuyo juicio debía instalarse este lunes 9 de marzo a las 09:00. 

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Además de Rodas será también juzgado Wálter Solís, exsecretario de Senagua y exministro de Obras Públicas. Antes que se instale la diligencia Rodas pidió a Dilza Muñoz, ponente del tribunal que difiera la diligencia. 

No aceptó el defensor público que le había asignado la jueza, ante la ausencia de su defensora Gladis Terán. Le dijo que su única abogada era ella quien el viernes a las 15:56 presentó la copia de un certificado médico de un dispensario del IESS en Cotocollao en donde le concedían siete días de reposo por una afectación en su salud. 

Muñoz analizó el documento. Era una copia a color que no tenía el sello del dispensario, le señaló al procesado. Le dio 48 horas de plazo para que presente la certificación con el sello, antes de decidir la nueva fecha de la instalación del juzgamiento. Muñoz recordó que el juicio está pendiente desde 2018, hace un año y medio. 

El primer intento por instalar la audiencia se convocó para mediados de octubre de 2019. Una segunda tentativa se fijó para el 17 de febrero pasado. El tercer intento también fracasó este lunes. La juez mencionó el principio de celeridad, el plazo razonable de la justicia pero les advirtió que "no puede estar el sistema de justicia esperando indefinidamente". La nueva fecha se resuelve el miércoles. 

En este caso la Fiscalía investigó los hechos que se habrían registrado a partir de 2012, cuando Solís era Secretario Nacional del Agua. En su administración se pidió al Ministerio de Finanzas una asignación presupuestaria de 8,1 millones para cumplir con un acta de mediación suscrita en 2007 entre Senagua y la firma francesa Ondeo Degremont.

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La Fiscalía determinó que ese pago nunca se hizo efectivo por parte de Senagua. Pero, una parte de la asignación solicitada se habría utilizado para cancelar los honorarios profesionales de dos abogados privados que habrían intervenido en el litigio

Según las certificaciones de las que dispuso la Fiscalía, la firma involucrada no estaba habilitada para efectuar transacciones en el país. Tampoco tenía representante legal desde julio del 2003. Eso significaba que, a la fecha del supuesto cumplimiento del acta de negociación, nadie estaba facultado para actuar en su nombre.

Según las investigaciones de la Fiscalía funcionarios públicos de Senagua (exCorporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM)) conocieron del ilícito en el que los abogados particulares recibieron los recursos públicos. En este caso el perjuicio para el Estado sería de 2’450.000 dólares.

La Fiscalía recopiló evidencias que le llevaron a la conclusión que, de los 8.1 millones de dólares solicitados Finanzas solo se utilizaron los 2.4 millones y el resto se reintegró a esa cartera de Estado. 

Este es el segundo juicio que afronta Wálter Solís, exfuncionario del correísmo. Actualmente, según la información que remitió Interpol, Quito a la Corte, Solís se encontraría residiendo legalmente en Estados Unidos tras abandonar el país entre 2017 y 2018. 

El delito de peculado está contemplado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se castiga con entre 10 y 13 años de cárcel.

Caso Sobornos. La semana pasada Solís fue uno de los 20 juzgados por el caso Sobornos 2012-2016 por posible cohecho en la trama de corrupción que se habría instaurado en el régimen de Correa. Según la Fiscalía, Correa y Jorge Glas habrían sido los líderes de una estructura criminal dedicada a la captación y reparto de aportes ilegales provenientes de contratistas del Estado para las campañas electorales de Alianza PAIS. La sentencia en este caso se anunciará en los próximos días.