La elección y la designación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) van a un tercer mecanismo. Inició siendo un mandato para el Consejo Nacional Electoral según la Constitución en el 2008 y luego una responsabilidad de la ciudadanía elegirlos a través del voto popular tras la consulta del 2018. Este 2023 la propuesta del gobierno de Guillermo Lasso es que sea la Asamblea Nacional la responsable de designarlos y posesionarlos.

La pregunta seis del referéndum propone que su elección ya no sea a través del voto universal, sino que desde el Legislativo nazca una comisión técnica que deberá realizar un proceso “que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público” para elegir a sietes consejeros principales y siete suplentes.

De ganar el ‘sí’ es una medida que al ciudadano común no le representará nada, explica la licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Arianna Tanca. Ella sostiene que en la vida diaria de un ecuatoriano el Consejo de Participación no le importa, pese a la importancia en designación de autoridades que tienen sus miembros, porque con el último consejo que fue electo por voto popular lo que ha provocado es dolores de cabeza y vergüenza.

Sin embargo, Tanca sostiene que en lo que ayudaría si gana el ‘sí’ en esa pregunta, es que sería más de frente la representación política de los postulantes.

“Todos sabemos que ese órgano es político y el problema no es del actual gobierno, sino desde la concepción donde no se cumplió su fin, que era el de ser un órgano de la ciudadanía y organizaciones sociales. Más bien, a mi criterio, prefiero que la elección sea de frente y así los ciudadanos podamos fiscalizar y generar presión cuando las cosas no se están haciendo bien”, explica.

El abogado constitucionalista, Jorge Peñafiel, concuerda con la politóloga y agrega que solo con el hecho de que sea la Asamblea Nacional la encargada de la elección se convierte en ya una pugna política donde los partidos y movimientos tendrán que negociar por votos para los postulantes de sus tendencias o afines.

“Sin duda alguna la elección va a ser producto de las negociaciones, porque vamos a tener a estos miembros del Consejo que serán elegidos por votos y que van responder a un ala o a un segmento de la sociedad vinculada con la política. Con ello se desvelarían las caretas, si cabe el término, de los políticos que están detrás de la designación de estos miembros, solo que ahora será de manera institucional y legal”, argumenta Peñafiel.

La reforma a la Constitución, en caso de ganar esta pregunta, no le dará la potestad a la Asamblea Nacional de modificar la lista, será la comisión técnica la que emita un informe motivado con un listado de 20 postulantes candidatos a titulares y suplentes y del cual el pleno del Legislativo deberá decidir con los votos requeridos. Si aquello no ocurre en los plazos establecidos “se entenderán designadas y posesionadas las autoridades titulares y suplentes en el orden fijado por la comisión técnica de selección”, indica el anexo de la pregunta.