Peter Tejada estaba a puertas de divorciarse de su pareja y fue acusado por violencia intrafamiliar. Pero en el proceso no fue inculpado por aquello. Sin embargo, una orden judicial dispuso que debía asistir a rehabilitación para cambiar ciertos patrones de conducta inadecuados.

Llegó al Club de hombres por el buen trato, un proyecto del Patronato Municipal San José en Quito, que atiende a hombres violentos que buscan rehabilitarse. En un primer momento, Peter asistió por “cumplir”. Después descubrió herramientas que le han ayudado a gestionar mejor sus emociones, evitar el conflicto y vivir en armonía. Desde que ingresó a estos encuentros, reconoce con claridad muestras de machismo que antes no podía ver. Ahora sabe que tanto los hombres como las mujeres tienen derechos y obligaciones.

Desde 2010, el club ha recibido a 600 hombres por violencia en contra de sus parejas, de familiares lejanos, de hijos y de colegas de trabajo. Uno de los objetivos es modificar los comportamientos violentos y generar formas de relacionamiento con la sociedad.

Roberto Moncayo, coordinador del Centro de Apoyo Las Tres Manuelas, donde se ejecuta esta iniciativa, explica que el taller es de 20 horas. Abordan temas como la historia de vida personal, la identidad masculina, los estereotipos, las causas de la violencia, la sexualidad y la autoestima, formas alternativas de resolución de conflictos y el fortalecimiento de relaciones sanas.

Según Moncayo, en la mayoría de casos hay algo en común: los agresores sufrieron violencia desde su infancia. “Es posible rehabilitar a un agresor cuando hacemos un proceso de introspección y reflexión. El 80 % de personas que han pasado por aquí sí ha logrado un cambio en sus vidas”.

Este es el cuarto año que Peter vive solo. Pero ahora mejoró la relación con sus hijos. Si hay algo que le molesta, antes de accionar de forma no adecuada, reflexiona y se expresa.

“Los hombres sufrimos, pero no lo exteriorizamos. En los talleres te das cuenta de que hay algo en común entre nosotros y es esa falta de espacios donde podamos expresarnos y mostrar nuestra vulnerabilidad”, indica.

Según el estudio, el costo - país de la violencia contra las mujeres en Ecuador (2020), de la Universidad San Martín de Porres (Perú), PreviMujer y el GIZ, la violencia de género le cuesta 4.608 millones de dólares al Ecuador (el 4,28 % del Producto Interno Bruto).

De estos costos, el 49,9 % es asumido por las mujeres, sus hogares y sus microemprendimientos, el 38,8 % por las empresas medianas y grandes y solo el 11,3 % por el Estado (ver infografía).

Valeria (nombre protegido) forma parte de esta estadística. Su expareja la golpeaba tanto que le fracturó dos dedos de la mano y en la cara tenía las huellas de la violencia. Ella renunció a su trabajo para que sus compañeros no la vieran. Aun así, pagó medicinas y doctores.

Pero Valeria no solo puso de su bolsillo para su curación. Ella gastó más de $ 600 en un abogado particular que gestionara los papeles del divorcio y la demanda por violencia intrafamiliar. “Viví un calvario. Aunque hayan pasado tres años, aún tengo temor de encontrarlo y que me pueda lastimar. He pensado en ir al psicólogo, pero no tengo dinero para invertir en eso”, lamenta.

Arístides Vara, autor del mencionado estudio, afirma que la violencia en contra de las mujeres en el mundo causa impactos económicos y sociales mayores a otros tipos de violencia como la guerra, el terrorismo y la delincuencia común. Para el especialista, la prevención es urgente.

Según otro de los estudios de Vara: los costos gubernamentales directos de la violencia contra las mujeres en Ecuador (2019), el Gobierno ecuatoriano gasta más dinero para atender víctimas, pagar policías y perseguir al agresor. “Más cuesta mantener a un agresor en la cárcel que prevenir que una mujer sufra violencia”.

El análisis indica que las instituciones del Estado invirtieron $ 76,2 millones en prevención y atención de violencia contra las mujeres en 2017. La mayoría de los gastos proviene del sector justicia ($ 41,8 millones), seguido del sector salud ($ 19,7 millones) y de educación ($ 14,2 millones).

Sin embargo, en tareas de prevención solo se invirtió el 1,73 % del total en áreas: para salud se asignó $ 529.000, en justicia apenas $ 267.000 y en educación solo $ 11.000.

• Soluciones con lupa

Para Sybel Martínez, activista en Derechos Humanos, la atención a la mujer desde el Gobierno actual ha sido precaria y con promesas incumplidas. “Para la implementación de la Ley de Prevención de Violencia se destinaron 3 millones de dólares, pero una ejecución presupuestaria de máximo el 5 %. Eso implica que hay negligencia”.

En cuanto a prevención. Christin Schulze, asesora junior del programa PreviMujer, expone que es importante trabajar en edades tempranas en la casa y en el sistema educativo. Cree también que la violencia está tan enraizada en la sociedad que se trataría de un problema de salud pública. Pide romper con los mitos de no denunciar.