Contrariando las proclamas oficiales, la economía no está equilibrada, la recesión no está superada, y por lo tanto, no hay crecimiento. Hemos advertido en este espacio que, a diferencia de épocas pasadas, cuando el apalancamiento del crédito pasaba por la vía de la expansión fiscal hacia el sector financiero, en esta ocasión el problema de ajuste se debe dar dentro del gobierno.

La nueva administración se ve en la necesidad de replantear la arquitectura de un modelo económico que hace ratos dejó de funcionar. Cualquier norma de estímulo, por ejemplo, una comentada amnistía tributaria, no tiene efectos perceptibles en el corto plazo sobre el flujo de caja gubernamental, implica sacrificio fiscal, y, si es interpretado como un modo de amnistiar a quienes hayan incurrido en lavado de activos, enfrentará una fuerte resaca política. Se trata, además, de una solución por una sola vez, sin que quede resuelto el tema de fondo: la sustentabilidad fiscal.

La tentación es fuerte para imponer el dinero electrónico a como dé lugar. El objetivo podría ser el de volver al bimonetarismo y desdolarizar; esa medida deberá pasar necesariamente por la incautación de las divisas luego de haber trasladado los depósitos en dólares al Banco Central, los cuales serían reemplazados por saldos electrónicos; y redenominando los activos de la banca con registros en moneda electrónica. Es una maniobra muy peligrosa desde todo punto de vista, al punto que la administración saliente decidió que era mejor convivir con el régimen monetario imperante, antes que arriesgar una caída en picada del capital político.

La opción tributaria no es atractiva. Luego de casi una veintena de reformas e incontables cambios reglamentarios y regulatorios, el esfuerzo fiscal sufre de fatiga. Muchos contribuyentes han llegado a punto de quiebre, y los resultados muestran que las recaudaciones tributarias por encima del 15 % del PIB hallan mucha resistencia. Finalmente, los mercados de bonos resultan en extremo onerosos, y por lo tanto crean problemas a futuro.

Lo que nos lleva de vuelta a las opciones válidas: negociar un programa de soporte fiscal y balanza de pagos con el FMI; reducir el aparato estatal; y trasladar la responsabilidad y potencial de crecimiento hacia los sectores productivos.