La suspension de la consulta popular no tiene ruta definida
Sui géneris. Es la primera vez que un grupo ciudadano desiste de un pedido de consulta popular, luego de su aprobación. No hay antecedentes que permitan saber cómo cumplir con la marcha atrás.
La Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) deben decidir qué hacer con el pedido del colectivo Tejido Social de Guayaquil. Ellos plantearon una consulta sobre el alza de cinco centavos en el pasaje de transporte público urbano en el Puerto Principal.
Mientras tanto, el trámite continúa. Ayer el organismo electoral publicó la convocatoria a consulta popular para el domingo 10 de julio.
Fuentes del Consejo Electoral dijeron a EXPRESO que el tema debe discutirse exclusivamente en la Corte Constitucional. Aseguran que el Consejo solo puede cumplir con el mandato y realizar la consulta.
Para los consultados, el CNE solo debe llevar adelante la parte operativa del pedido. No pueden ordenar que se suspenda porque hay un dictamen de constitucionalidad que dicta plazos que ya están corriendo.
La fuente, que prefirió la reserva, afirmó que no existe una norma que regule el tema. Confirmó, además, que la carta presentada por Gelacio Mora, como patrocinador del colectivo Tejido Social de Guayaquil, fue entregada en la delegación del Guayas.
Mora indicó a EXPRESO que en la misiva, que se entregó en el CNE, en la Corte Constitucional y a la autoridad de tránsito municipal, “sugiere” dejar sin efecto la consulta popular en consideración a lo sucedido en el terremoto del 16 de abril. No es un momento económicamente adecuado, explicó. “Las 396 organizaciones, que conformamos el colectivo Tejido Social de Guayaquil, hemos sugerido que se estudie el no realizar la consulta. Es simplemente un planteamiento que estamos haciendo, pero si la Corte y el Consejo deciden que se lleve adelante, nosotros lo acataremos”, especificó.
La decisión del colectivo ciudadano, recibió el apoyo del alcalde Jaime Nebot. Él sostiene que el país, luego del terremoto, no está en condiciones económicas de gastar $ 6,2 millones en el proceso. Nebot considera que este monto tendrá “mejor destino” si se invierte en la reconstrucción de Manabí y otras zonas devastadas por el sismo. RRG