Profesores voluntarios ganaban menos del sueldo básico. La propuesta inicial planteada por fundación Edificar, establecía un costo de $ 12.684 anual por docente, $ 1.057 cada mes.

El sueno bilingUe del pais, con irregularidades de inicio a fin

Contraloría determinó un perjuicio de seis millones en un programa que traía docentes extranjeros. Quince meses después, maestros aún esperan pagos adeudados.

Un año y medio después del abrupto cierre del programa de enseñanza de inglés con docentes extranjeros, ‘It’s time to teach’, la Contraloría General del Estado publicó un informe con los pormenores del cuantioso contrato que terminó con trescientos docentes de veinticinco países, sin trabajo y sin manera de volver a casa.

El documento determina que las irregularidades se dieron de inicio a fin, empezando con el planteamiento de traer docentes como voluntarios, sin ser afiliados laboralmente al Estado. La modalidad, señaló el entonces viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, podía considerarse “tercerización por enganche, y nunca debió llevarse a cabo”.

Y es que, según Contraloría, el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, optó por la oferta más económica sin considerar la experiencia de la empresa que la desarrollaría. Al proyecto aplicaron el consorcio canadiense Edu Nova, el instituto superior Western University y la organización británica Teach and Learn. Pero la propuesta que se aceptó fue la de fundación Edificar, entidad ecuatoriana creada tan solo seis meses antes del lanzamiento de la iniciativa, y que nunca había laborado en temas educativos.

Este tan solo fue el inicio de una serie de irregularidades. La asignación presupuestaria se aprobó incluso antes de que el ministerio recibiera la propuesta económica de Edificar. Los montos se aprobaron antes de que se firmara el convenio. Se le solicitó a la fundación tan solo un 1% de garantía, un monto irrisorio frente al desembolso de cerca de $ 6,5 millones y un total presupuestado de $ 37 millones.

Adicionalmente, el convenio se firmó sin parámetros de evaluación del cumplimiento de los objetivos, requerimiento de informes técnicos o financieros, o sanciones en caso de incumplimiento. Para fines de 2017, cuando se detectaron las anomalías en la ejecución del convenio, la primera tanda de docentes, 417 que fueron parte de unidades educativas en el régimen Sierra, ya habían regresado a sus países de origen.

Solo entonces se supo que del monto supuestamente utilizado por Edificar, que era de $ 1.057 por docente, los maestros recibieron solo $ 314 mensuales, y la mitad de ese monto se invertía en su hospedaje y alimentación. El resto, se suponía, se empleaba en montos administrativos, como la adquisición de la visa de trabajo, que menos de la mitad de los docentes recibió. Los demás, laboraron ilegalmente bajo visas de turistas.

En enero del año pasado, la Procuraduría entró en un proceso de mediación entre el ministerio y la fundación, para el cierre ordenado del convenio. Se decidió que los 169 docentes que tenían sus papeles en regla serían contratados por el Estado, con un sueldo de $ 812 y que se determinaría un fondo para la adquisición de pasajes de retorno para quienes no.

Eso no se cumplió. Para mediados de 2018, los docentes contratados por el ministerio protestaron, pues los valores adeudados tras el cierre repentino del convenio no habían sido cancelados, ni tampoco sus sueldos. La sudafricana María Vreemer lo explica. “Fue una pesadilla. Muchos tuvimos que pedir ayuda a nuestras familias para poder sobrevivir. Nos tocó buscar trabajo de manera independiente, o pagar nuestras propias visas, aunque eso no fue lo que se nos prometió”.

El 20 % de los maestros aún permanece en el país. La venezolana Gina M, quien prefirió la reserva de su nombre, es una de ellas. “Con como están las cosas en mi país, me tocó quedarme, pero no bajo las promesas que nos hicieron. Aún me deben dinero y he estado trabajando en academias privadas. No había otra opción”, señaló.

Pese al perjuicio de $ 6 millones al Estado, el informe no determinó responsabilidades penales. Una funcionaria de Educación fue destituida.

EL CONTEXTO

En 2016, el Ministerio de Educación lanzó ‘It’s time to teach’, un programa de enseñanza de inglés con profesores que arribaron desde 25 países. En 2018 cerró por irregularidades.

EL DETALLE

Resultado. La funcionaria que participó en la selección, esposa del presidente de fundación Edificar, fue destituida. Hasta el momento no hay sanciones penales.

EDUCACIÓN

Solo 34 % de maestros de inglés cumple requisitos

Pese a iniciativas en marcha, como el programa ‘Quiero ser maestro’ y la capacitación de docentes en Estados Unidos, los intentos estatales por mejorar el nivel de la enseñanza de inglés en el país se han visto limitados. El Ministerio de Educación, publica a inicios de 2019, que solo el 34 % de maestros de inglés tienen la certificación internacional nivel B2, que avala sus conocimientos para enseñar el idioma. Es decir, tan solo 3.500 docentes de los 10.100 que dictan inglés en el sistema público están realmente preparados para hacerlo. A esto se suman las vacantes en esta área, que hasta el año pasado eran de 4.000 a nivel nacional.