La sospecha se cierne en autoridades locales

  Actualidad

La sospecha se cierne en autoridades locales

Al momento hay dos prefectos y un asambleísta presos por casos abiertos tras el paro. También se investiga a concejales.

Audiencia. El martes, el presidente de la Corte de Pichincha, Julio Arrieta, dictó la prisión de Paola Pabón.

La prefecta de Pichincha Paola Pabón no sería la única autoridad seccional involucrada en un supuesto plan que buscaba la caída del presidente Lenín Moreno durante las protestas que paralizaron el país por casi 12 días.

Las sospechas apuntan también, en el caso de Pichincha y Quito, al alcalde Jorge Yunda. En las interceptaciones a llamadas se evidencian contactos entre Pabón, su asesor Christian González y el alcalde Yunda.

En contra de Yunda ya hay un pedido de investigación. Fue el excandidato a prefecto por el movimiento Libertad Marcelo Hallo, quien puso la denuncia por omisión.

Asegura que de acuerdo al decreto de excepción el alcalde tenía tres obligaciones: coordinar agentes metropolitanos con Policía Nacional, control de tránsito y protección de espacio público. Situación que dijo ha sido incumplida.

Espera que las “investigaciones determinen los delitos que obviamente estarían vinculando en este caso a actuaciones tal vez, en favor de un golpe de Estado, posiblemente en complicidad con quienes han sido detenidos en los últimos días”.

Pabón y su asistente recibieron prisión preventiva. En la audiencia de formulación de cargos el fiscal de Pichincha Alberto Santillán presentó evidencias. “Salir todo el barrio al paro”, era una de las órdenes.

Pedir la destitución del presidente, orientaban a difundir la noticia que hay 12 muertos. El lunes, la ministra de Gobierno María Paula Romo indicó que el Gobierno tuvo que lidiar con noticias falsas como esa.

También se conoció que los sospechosos hablaban de comprar medicinas y palos para los manifestantes, que se deben fabricar máscaras, reunirse con tres compañeros que vienen del Oriente, quienes son los que darán la cara, que se está combatiendo por ocho días en contra de los policías y militares traidores, que la prefecta necesita algo económico para comprar material que no se puede decir por teléfono y de reuniones en la Prefectura.

El fiscal expuso que en las escuchas se puede determinar que se trata de subvertir al pueblo ecuatoriano, que con los tuits, audios y con financiamiento se trata de derrocar al Gobierno. Virgilio Hernández también fue monitoreado y aparece en las conversaciones.

Durante el estado de excepción, la Prefectura habría sido el lugar de reunión. En los allanamientos se encontraron antorchas, camisetas, logos que dicen fuera el traidor, carteles y dinero en efectivo, celulares, laptops, libreta de registro de dineros y pagos, una caja fuerte, libreta de ahorros que detalla pagos al ‘señor presidente’, dispositivos electrónicos y material electoral.

Antes que Pabón ya fueron detenidos el asambleísta correísta Yofre Poma y el prefecto de Sucumbíos Amado Chávez por la toma de un pozo petrolero. Una de las primeras detenciones fue la de Jorge Calderón, dirigente de los taxistas. En Durán, la exalcaldesa Alexandra Arce, todos vinculados al correísmo.