El caso toma nuevas dimensiones. Las denuncias por corrupción que han involucrado a un exministro de Hidrocarburos, tres gerentes y decenas de funcionarios de Petroecuador, se expanden. La investigación solitaria que impulsa el oficialista Christian Viteri toma cuerpo más allá de las petroleras estatales y de las fronteras nacionales con una denuncia internacional en cinco países dirigida hacia contratos en las áreas estratégicas, según información a la que tuvo acceso EXPRESO.

El detonante de este giro en la dirección de la investigación es la confesión del hombre del maletín en la versión brasileña de corrupción petrolera, el Lava Jato que precipitó la caída de la expresidenta Dilma Rousseff. La confesión del hombre a cargo de las coimas fuera de Brasil, Robert Trombeta, incluye un capítulo sobre Ecuador, según consta en su declaración voluntaria ante autoridades estadounidenses, que señala el pago de más de 9 millones de dólares en sobornos para levantar el Proyecto Multipropósito Baba, entregado como obra emblema por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos en 2013.

El dinero deja rastro. Y, en este caso, todas las transferencias pasan por cuentas en España, Suiza y Holanda, pero terminan en el paraíso fiscal de Andorra. Tras siete meses detrás de esas huellas, el despacho de Viteri ha decidido cortar la dependencia a la que lo ciñe la espera de acciones por parte de la Fiscalía General de Ecuador. Desde ayer, el oficialista se encuentra en España para presentar denuncias en todos los países por donde ha circulado el dinero. Después de hacerlo en Europa, impulsará medidas similares en Estados Unidos, que se incluye dentro de la ruta de las cuentas sospechosas.

El cálculo jurídico anticipa que la justicia internacional, convocada por denuncias de lavado de activos, pondrá en marcha los convenios y acuerdos que facilitan la apertura de cuentas. Es, en pocas palabras, un cerco de presión sobre la Fiscalía ecuatoriana: conseguir la información desde fuera.

La teoría de los fiscalizadores detrás de este eslabón perdido, que conecta dos tramas de corrupción por separado, es que la apertura de procesos paralelos de investigación evitará la discrecionalidad en el proceso ecuatoriano. Una de las constantes denuncias de la oposición en el Legislativo, reafirmadas ayer por la asambleísta Mae Montaño (CREO), quien ha retomado esta semana su exigencia de renuncia al fiscal Galo Chiriboga, cuyo prometido juicio político por parte del oficialismo volvió a sumirse ayer en el estado de incertidumbre que lo ha caracterizado desde inicios de año, cuando su nombre apareciera en los Papeles de Panamá publicados por la prensa.

El proceso en el extranjero, sin embargo, podría tomar meses para resolverse. Y es poco probable que los resultados estén a la vista antes de las elecciones generales de febrero, precisan los asesores de Viteri.

Eso no implica que la campaña avance a su ritmo y cuenta. Ahora que la corrupción ha escalado hasta convertirse en la segunda preocupación de los ecuatorianos, según una encuesta nacional de Cedatos publicada ayer por este Diario, el tema ha monopolizado las declaraciones políticas de las últimas horas.

La escalada del discurso incluye la primera confrontación opositora de alto nivel que vincula al vicepresidente Jorge Glas, encargado de las áreas estratégicas, con una responsabilidad política: “Dejó abierta la alacena para que los ratones se coman el queso”, acusó ayer el candidato Guillermo Lasso pocas horas antes de que el segundo mandatario comparara a la corrupción en el Gobierno, sin responder a las críticas, con un tumor (“Hay que extirparlo hasta donde llegue porque si no regresa”, aseguró).

La inusual acción y reacción del oficialismo y la oposición como respuesta de última hora a un interés ciudadano, perfilan el tono de confrontación que se avecina.

Los delitos de la corrupción

- El cohecho

Fue el primer delito imputado a los protagonistas de la trama. Se trata de funcionarios públicos que reciben dinero o regalos por hacer el trabajo que por ley les corresponde. Se pena con prisión de tres a cinco años. También castiga a quien paga la coima.

- La concusión

Se atribuye a los funcionarios que exijan coimas para hacer su trabajo. Se pena con prisión de tres a cinco años.

- Lavado de activos

Se refiere a tener o beneficiarse de activos ilícitos y es uno de los delitos contra la administración pública más severos. Se pena con reclusión de hasta 13 años, por lo que no admite fianza.

- Enriquecimiento ilícito

Se trata de un patrimonio no justificado. Se pena con prisión de tres a cinco años.

- El peculado

El más famoso de los delitos: beneficiarse de bienes o dineros públicos. Pena: de diez a trece años. Sin fianza.