El gobierno anterior conformó entes estatales a los que denominó empresas públicas con la aparente intención de darles las características propias de corporaciones que tengan su ley, accionariado, estatutos, planes de negocio, organización y estructura, finanzas y contabilidad, y todos aquellos elementos que le otorgan a una organización la categoría de empresa.

Las empresas públicas están, sin embargo, sometidas a los avatares de la política. Con leyes no se solventan temas de eficiencia o de producción si tales objetivos están sometidos al control de la ideología, o se hallan subordinados a las nociones de “liquidez global” que le permiten al fisco tomarse para sí los recursos ajenos y satisfacer sus apetitos de recursos.

El problema es de origen. Por razones ideológicas los entes son organizados como monopolios y desconocen la competencia; reciben pingües subsidios que les dan posiciones de privilegio; desconocen sus mercados y carecen de todos los incentivos para ser eficientes.

Normalmente son manejadas por agentes políticos que las utilizan como botín propio o de partido y se tornan en refugios para las estrategias clientelares. En los casos extremos son víctimas de expoliación total.

Hay también formas de expoliación que nacen del mismo Gobierno. El caso de TAME, obligada a cubrir la ruta a Caracas en la que acumuló pérdidas millonarias, la ha llevado al colapso y a tener que acudir a un inusual préstamo del Ministerio de Finanzas con el que se espera pueda volver a despegar. Pero el caso más alarmante es el de Petroamazonas, que fue obligada a entregar su producción sin facturar y sus ingresos pasaron a formar parte del patrimonio fiscal, devolviéndosele recursos insuficientes tarde, mal o nunca; esta dependencia la ha llevado a acumular pérdidas por casi $2.000 millones en sus operaciones. Hay un agravante adicional, y es que los ingresos de capital originados en el petróleo y otras actividades han sido usados para solventar gasto corriente en salarios, intereses y transferencias corrientes, lo que constituye una violación expresa de la ley.

El Estado está moralmente impedido de imponer normas exquisitas de comportamiento societario a los privados cuando al mismo tiempo sus empresas solo tienen el nombre de tales, y con nombres no se hacen empresas.