Las sospechas no se disipan. Por el contrario, van en aumento. La Fiscalía investiga un caso de organización y financiamiento para la elaboración de sustancias psicotrópicas que podría salpicar a algunos miembros activos de la policía.

En el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Quito se realizó ayer la liberación de la información que se obtuvo de la interceptación a unas 120 líneas telefónicas. Las llamadas estarían conectadas con el grupo Óliver Sinisterra (que era liderado hasta el viernes por alias Guacho) y con el cartel mexicano de Sinaloa.

Por el momento, todos los procesados son civiles. Fueron detenidos en diferentes operativos en Esmeraldas, Lago Agrio, Loja y Santo Domingo. Las autoridades lograron incautar unas 900 toneladas de precursores químicos, como el cloruro de calcio.

El abogado Cristian Romero, que defiende a cinco procesados en este caso, dijo que en la diligencia de ayer se buscaba probar que en estas operaciones ilegales también participaron miembros de la policía acantonados en El Oro. Los resultados serán secretos mientras dure la investigación.

“Nuestros defendidos, como también una de las personas que está realizando colaboración eficaz en esta investigación, dicen que habrían sido policías los que les prestaban las facilidades para poder dirigirse de un sitio a otro a cambio de ciertas cuotas”, señaló Romero.

La influencia que tuvo el abatido Guacho deja ver que alcanzó a civiles y uniformados en varias regiones del país. Actualmente hay siete militares activos y otro número igual de pasivos y civiles investigados por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas en la frontera norte.

En esa operación la clave también fue la interceptación de llamadas entre alias Sobeida y quienes habrían facilitado, sobre todo, municiones a los grupos narcodelictivos.

En el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera también se mencionó que un militar ecuatoriano, Telmo Castro, ayudó en la transportación de la droga hacia Guayaquil.

El Ejército aseguró que Castro pidió la disponibilidad tres meses antes de ser detenido, en julio de 2009, en Baeza, cuando transportaba unos 500 kilos de cocaína en un camión disfrazado de vehículo militar.

La CIDH extiende su trabajo por tres meses

El grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continuará dando seguimiento a las investigaciones por el secuestro y posterior asesinato de los tres integrantes del equipo de diario El Comercio.

Los familiares de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega se reunieron ayer con la ministra del Interior, María Paula Romo, y otros delegados del gobierno. La conclusión fue que el trabajo de la CIDH se extenderá por otros tres meses.

Además, el Estado se comprometió a entregar toda la información requerida por el equipo de seguimiento. Los familiares de los fallecidos han denunciado en varias ocasiones la falta de apertura para acceder a ciertos datos.

En enero las autoridades tendrán una reunión para analizar los términos y alcances de la desclasificación de información. Los familiares piden que se incluya lo que se ha tratado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).