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Solapando la corrupcion

Aunque se ha definido como sistémica, ha sido práctica común de los gobiernos el negarla enfáticamente. Así, se han derrochado muchas páginas de periódicos y libros denunciándola y defendiéndola. Sin duda, las advertencias sobre corrupción petrolera están inscritas en la historia económica del Ecuador desde cuando se perforó Lago Agrio, en 1967.

De entonces a nuestros días, ha sido consecuente con el interés nacional la actitud asumida por medios de comunicación colectiva como EXPRESO, en defensa de lo que se ha denominado “el sueldo del Ecuador”.

No se trata por tanto de una actitud en contra del actual Gobierno la que determina titular al presente editorial de la forma como se lo ha hecho. Deviene de una obligación que se estima como el cumplimiento de un deber.

La búsqueda que se desea alentar es que los culpables de los últimos atracos no queden, precisamente ocultados, solapados, por maniobras de distinto género, donde ahora las disculpas son tardías y el rasgarse de las vestiduras luce como farsa promotora de impunidad, mientras la evidente corrupción deja ver complicidades de distinta magnitud y origen.

Desde hace mucho tiempo se había denunciado sobreprecios en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, igual que en la adquisición de los predios para ubicar la refinería del Pacífico y el movimiento de tierra necesario para su construcción, que solo dieron lugar a un incremento de la propaganda oficial destacando las necesidades de lo actuado, que nadie negaba, pero sin aclarar o desmentir los sobreprecios, sumando a ello impúdicos intentos de descalificar a los denunciantes, persiguiéndolos judicialmente.

También el Ecuador ha conocido múltiples denuncias de procedimientos atentatorios al interés nacional en la comercialización del crudo pero, las autoridades de control no han actuado como era su deber sino cuando la presión pública hacía imposible otro comportamiento.

Ahora, incluso el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Legislativa se permite hacer notar que cuando el exgerente de Petroecuador y exministro del ramo -hoy calificado de traidor- compareció ante la misma, “ya había elementos como para poder iniciar una instrucción fiscal y ordenar la prisión preventiva”. “La de él y varios funcionarios”.