Sube la tensión en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Un día después de que la Asamblea Nacional presentara un pedido de juicio político en contra de los cuatro consejeros de mayoría y que la justicia revocara temporalmente la medida cautelar que impedía conocer la moción de remoción de la Presidencia, la titular del Consejo, Sofía Almeida, alerta que policías acordonaron la sede del ente en Quito sin su autorización. En un rueda de prensa virtual, informó que el jefe policial del Consejo, Juan Carlos Soria, le informó que solicitó la presencia policial a pedido del consejero Hernán Ulloa.

No solo eso. Según relató se habrían forzado cerraduras y candados del edificio, y los cuatro consejeros de mayoría, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñan, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira, estarían en la sala de sesiones intentando instalarse para abordar la moción de destitución del cargo en contra de Almeida.  "Quién es Hernán Ulloa para que lo haya solicitado... No ha habido ningún problema para que lo haya solicitado", dijo la presidenta claramente exaltada. Según dijo Almeida, ha ordenado la modalidad de teletrabajo en el Consejo ante el contagio de algunos y que no debería estar ningún funcionario en las instalaciones. 

Almeida va un poco más allá y señala al Gobierno de una eventual injerencia en otra Función del Estado. "Quién está a cargo de la Policía sino el Gobierno Nacional", replica la titular del organismo quien, a renglón seguido, le pidió en medio de la rueda de prensa y frente a otros periodistas, al presidente Guillermo Lasso y a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que ordena a la Policía a desalojar a todos los funcionarios de la sede principal.

Según Almeida, la presencia del los cuatro consejeros de mayoría en la sede del Consejo está configurando un caos, una implosión y boicot a la institución. Ella señala a estos cuatro funcionarios de querer imponer a candidatos en los procesos de selección de autoridades. Aprovechó para saludar la gestión de un grupo de legisladores que ayer presentaron el pedido de juicio político en contra de Ulloa, Estupiñan, Bravo y Rivadeneira con la firma de 80 legisladores, ninguno de la bancada del Gobierno.

Almeida recordó que mañana, 10 de febrero de 2022, está convocada una audiencia en la Unidad Judicial de Samborondón para resolver sobre una acción de protección que interpuso el consejero Ulloa y que revocó temporalmente las medidas cautelares que impedían a los cuatro consejeros conocer la moción de destitución en contra de Almeida. La presidenta hizo un llamado a esperar a la audiencia de mañana, además no descartó si esto trasciende acudir a instancias internacionales.