Con un déficit comercial de 4.400 millones entre enero y octubre en la balanza no petrolera -pese a ser menor al de años anteriores- y un precio del petróleo que no para de romper récords a la baja (ver derecha), el Gobierno busca alternativas para reducir el impacto de importaciones y la salida de divisas. Si el timbre cambiario, que comenzó a tomar protagonismo a finales del año pasado y que sigue en boca del ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, no convencía al sector importador, tampoco gusta la alternativa de imponer una salvaguardia general entre el 8 y el 10 %, adicional a los aranceles. Los sectores productivos consultados lo ven como una restricción más al comercio que distorsiona el panorama según sus comentarios. No obstante, también reconocen que la rebaja del porcentaje frente a las salvaguardias vigentes desde el año pasado sería un alivio. Círculos cercanos a las autoridades económicas confirmaron a EXPRESO que esta salvaguardia general sería una de las alternativas económicas, con el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio, para compensar el desequilibrio de unas importaciones más onerosas que las exportaciones en un contexto económico marcado por la apreciación del dólar, la devaluación de las monedas en los países vecinos y la drástica caída de los ingresos petroleros. Si bien no ha habido pronunciamiento oficial sobre la propuesta -y por ello, la Cámara de Comercio de Guayaquil y el Comité Empresarial Ecuatoriano prefieren abstenerse de hacer comentarios-, el Ministerio de Comercio Exterior tampoco ha respondido a este Diario sobre los detalles de la medida. La consulta se trasladó ayer por el cauce habitual vía correo electrónico y a través de Twitter. Los empresarios, cautelosos ante la ausencia de más información, se pronunciaron en contra de restricciones al comercio, que elevan los costos de producción o encarecen el consumo, así como del clima de incertidumbre. “Cualquier cosa es menos perniciosa y riesgosa que el timbre”, comenta un empresario que prefiere no ser citado hasta que haya un pronunciamiento oficial sobre la decisión final. El Gobierno lleva semanas mencionando que estudia alternativas para sustituir las salvaguardias vigentes desde marzo del año pasado -que gravan 2.300 subpartidas con aranceles extraordinarios de entre el 5 y el 45 %-, pero aún no aclara cuál será la medida. Según el cronograma comunicado a la Organización Mundial del Comercio, las salvaguardias se comenzarían a desmontar este enero y dejarían de aplicarse totalmente en junio. Pero por el momento, aún no se ha dado el primer paso, según confirmó el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Alarcón, quien opinó que el país no necesita “experimentos” y que espera que las salvaguardias vigentes no sean sustituidas por otra medida.