Singue, a la cabeza de los casos pendientes en 2021

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Singue, a la cabeza de los casos pendientes en 2021

Procesos esperan resolución en la justicia. Los sospechosos son exfuncionarios y ciudadanos involucrados en corrupción

SINGUE
Diligencia. El exministro Wilson Pástor durante la audiencia de juicio cumplida en octubre en la Corte Nacional.Gustavo Guamán

La justicia deja algunos casos pendientes de resolución para este 2021.

Desde el 28 de octubre los procesados por presunto peculado en el caso Singue esperan una fecha de reinstalación de la audiencia de juicio para conocer la resolución. “Ha transcurrido en exceso el tiempo y aún no han notificado con la reinstalación de la audiencia”, señaló Paúl Ocaña, uno de los defensores en esa causa.

El juzgamiento en Singue se siguió en contra de 15 sospechosos. Entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho agravado en Sobornos 2012-2016 y a seis años por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht.

Además de Glas fueron juzgados el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli y otros. Un tribunal de la Corte deberá resolver una condena o absolución.

Según las investigaciones, en 2012 fueron parte de un proceso de adjudicación del campo Singue, en Sucumbíos. Un peritaje evidenció que el adjudicado Consorcio DGC no habría cumplido los requisitos. La Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad.

Pero el de Singue es solo uno de los casos de corrupción que espera resolución. En la lista están el de Ola Bini por supuesto acceso no consentido a un sistema informático. Espera resultado de la audiencia preparatoria, tras casi dos años del inicio de la investigación.

Carlos Soria, defensor del informático sueco, indicó que la jueza aún no ha puesto fecha para la reinstalación del caso.

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Después de varios diferimientos el viernes 8 de enero habrá un nuevo intento para instalar la audiencia de apelación a la sentencia por supuesta concusión impuesta a la exvicepresidenta y exasambleísta María Alejandra Vicuña.

Se fijó para las 09:00 en la Corte. Las apelaciones fueron presentadas por la procesada, la Fiscalía y la Procuraduría.

Otro caso es el de la exsecretaria de Riesgos Alexandra Ocles. El 6 de noviembre la jueza Daniella Camacho se inhibió de conocer la causa por supuesto tráfico de influencias. Alegó falta de competencia porque Ocles no tuvo rango de secretaria de Estado cuando estuvo a cargo del Servicio Nacional de Riesgos (SNGR) en donde se produjo la fallida adquisición de 7.000 kits. Fue enviado a la jueza Mónica Luzurraga de Samborondón, Guayas.

Además en 2021 concluirán instrucciones por presunta corrupción en la compra de insumos, pruebas PCR, kits alimenticios y otros implementos durante la emergencia por la pandemia de COVID-19. Involucran hospitales públicos, municipios como el de Quito, la Secretaría de Gestión de Riesgos, gobiernos autónomos y otros. Las investigaciones evidenciaron aparentes sobreprecios.

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En Quito, para el 18 de enero, se fijó la audiencia preparatoria por posible peculado en la compra de insumos en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). Hay cinco sospechosos. El exgerente Guido Andrade, Astrid Aguirre, Mateo Alarcón, Óscar Molina, Sandra Ortega. La Fiscalía se abstuvo de acusar a dos sospechosos.

En la Secretaría de Salud del Municipio capitalino también se habrían registrado anomalías. La Fiscalía investiga el presunto sobreprecio en la compra de 100.000 pruebas PCR. La instrucción para Lenín Mantilla y otros inició en noviembre.

Para 2021 también quedan en carpeta un centenar de expedientes derivados de los casos de corrupción en Petroecuador, en Odebrecht y de Sobornos por delitos de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros delitos que investiga la Fiscalía.

Para el catedrático universitario Juan Pablo Albán no solo Singue está pendiente. Habla del caso en los que tienen que haber pronunciamientos y que van a tener importancia particular en el contexto electoral. Cita el de la prefecta Paola Pabón, el de Secom o el caso de los Dhruv.

Dice que en el caso Gabela su viuda Patricia Ochoa sigue esperando que le digan algo y que el fiscal del caso le ha dicho que próximamente se va a declarar prescrita la acción.

Afirma que en ese escenario los casos políticos no pueden resolverse de manera objetiva porque los que deben resolver son jueces que tienen interés de permanecer en los puestos de trabajo, son susceptibles de presiones y otros que están concursando. Otro factor es el escenario preelectoral

El problema, asegura, es que a esa dificultad para actuar con objetividad de los jueces “se suman las presiones que organismos del Estado que ejercen sobre algunas autoridades judiciales en el marco de algunos casos”. Uno de ellos sería Singue. Para Albán es importante notar cómo se manejan los tiempos de la justicia, como en ciertos momentos hay prisa injustificada y en otros una demora. 

Afirma que “todo esto tiene que ver con los tiempos políticos, la designación de jueces y deja este mal sabor de boca de que la justicia no opera por sí sola sino que opera según las conveniencias de ciertos poderosos en determinados momentos históricos”. Albán insiste en que los casos deberían resolverse sin ningún tipo de presión.

Los casos deberían resolverse sin ningún tipo de presión.

Juan Pablo Albán, abogado y catedrático universitario

Investigaciones

En el Teodoro Maldonado

En el Teodoro Maldonado Carbo (IESS) se investiga delincuencia organizada y peculado en la compra de insumos por convenios de pago desde 2016. Contraloría halló sobreprecios y un perjuicio de 11,9 millones de dólares.

En Los Ceibos

En el IESS de Los Ceibos se investiga peculado en la compra de 4.000 fundas para embalar cadáveres a 143 dólares cada una a la empresa Silverti S.A. cuando en el mercado costaban 12. Hay nueve vinculados, entre ellos, Daniel Salcedo.

Datos

Funcionario involucrad

Paúl Granda, expresidente del IESS, fue vinculado al caso de delincuencia organizada en la venta de medicamentos en hospitales.

Menciones

Su nombre apareció en registros del edificio Torres Colón, en Guayaquil, donde Daniel Salcedo alquiló la suite 8-7.

Reuniones

En ese lugar se habrían reunido empresarios y funcionarios para concretar adjudicaciones de contratos

Defensa

Granda, en su cuenta Twitter se defendió: "Me he reunido con todas las organizaciones políticas, empresarios, sindicatos y asambleístas de todas las bancadas. Jamás me he reunido con alguien para cometer un delito", escribió.

Insumos

Hay otro caso de delincuencia organizada por la compra y venta de insumos médicos en el Teodoro Maldonado y Los Ceibos desde antes de la pandemia. Hay 17 sospechosos, entre ellos, los hermanos Bucaram Pulley, Salcedo Bonilla, entre otros.

La cifra

53 expedientes derivaron del caso Odebrecht que involucró al exvicepresidente Jorge Glas y otros.