Silvia Salgado defiende las acciones de la Comisión que preside y asegura tener identificados los problemas de negligencia de las autoridades. Pero hasta allí llega: a la hora de nombrar a esas autoridades negligentes, se abstiene de hacerlo.

- La directora de Rescate Escolar, Sybel Martínez, abandonó la Comisión Aampetra diciendo que no ha cumplido con los objetivos para los que fue creada. ¿Cuál es su respuesta?

- La Comisión ha identificado los problemas. Primero, el Ministerio de Educación: no se activaron los protocolos. La campaña de prevención no fue permanente. Tampoco la detección de los problemas de violencia sexual, porque se asignó a los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) para que hagan ese trabajo y no hay DECE en todas las instituciones, apenas en el 56%. Se hizo seguimiento a las instituciones públicas, no a las privadas. Hubo negligencia en la investigación en el ámbito administrativo. No es justificable que se hayan archivado casos por sobrepasar el tiempo de noventa días sin que se denunciaran a la Fiscalía. Los establecimientos tenían la obligación de efectuar pruebas psicosométricas, de razonamiento y personalidad a todos los docentes y solo se aplicaba a los que ingresaban.

- ¿Quiénes son los responsables de esos problemas?

- Las responsabilidades están en el sistema educativo. Los protocolos indican el responsable en cada caso.

- Pero no hubo seguimiento de esos protocolos. ¿Quién debía hacer ese seguimiento?

- El rector en cada una de las unidades educativas. El director distrital, el director zonal...

- ¿Quién hacía el seguimiento del rector, el distrital y el zonal?

- No ha existido evaluación ni control sobre la aplicación de los protocolos. Están identificadas las negligencias.

- Pero no los negligentes...

- Eso tiene que investigarse en cada caso. Hay personal, autoridades de las unidades educativas que estaban encargadas. Hay un incremento sustancial de maestros que no estaba financiado y todos se quedaron a nivel de contratos. Las direcciones provinciales funcionaban. Cuando aparecen los distritos, dejan de funcionar. Cada distrito tiene responsable diferente.

- Da la impresión de que la manera como se descentralizó el sistema tiende a licuar las responsabilidades. ¿Es así?

- Según el protocolo, los distritales tenían que comunicar a los zonales. Los distritales no comunicaron a los zonales y los zonales no comunicaron al central. Se estableció en tiempos de Augusto Espinosa un sistema de información nacional que mezclaba todo: problemas de aplicación, de capacitación, violencia sexual, sumarios administrativos... No hay un sistema expedito que diga qué pasó en cada distrito.

- Ese sistema de información no ha arrojado cifras concretas. Hasta ahora no sabemos ni siquiera cuántas víctimas son...

- Por eso se conformó una mesa técnica interinstitucional. A partir de eso comienzan a aparecer los casos.

- Espinosa se atribuye haber impulsado un convenio de coordinación interinstitucional y un sistema de información. El primero no coordinó y el segundo no informó. ¿Nada funcionó?

- No es que no funcionó, funcionó mal, a medias. Tenemos registros de 190 personas sancionadas. Lo que pasa es que no se sancionó a todos. Se toparon con una salida muy cómoda: en cada establecimiento funciona una comisión de resolución de conflictos, para que no lleguen al ministro a resolverse los temas de cada distrito. Y ellos, en algunos casos, derivan a la junta cantonal de derechos, que funciona en los municipios. Pero eso no impedía, y a ellos no les justificaba, que ante presunciones de delitos tenían que poner la denuncia inmediata a la Fiscalía.

- ¿Dónde está la responsabilidad política de esto? ¿Por qué no hay un solo responsable, ni uno? La comisión debía investigar eso. ¿Lo ha hecho?

- Para eso el procedimiento es el juicio político. Hubo un pedido de juicio político contra Espinosa. ¿Quién calificó? El CAL, no yo. El día del juicio político nosotros entregamos una lista de casos.

- Entregó usted un informe...

- No, una lista de casos.

- Era un informe. Hubo dos, de hecho. El primero, analizado por la mañana en la Comisión, abría la puerta a establecer responsabilidades políticas. Ese informe fue cambiado por usted. El segundo informe, que presentó usted al CAL por la tarde, omite esas conclusiones. ¿Por qué? Ese informe determinó la decisión del CAL...

- Ahí está usted mal y el CAL está mal. Porque una decisión de juicio político se hace sobre la base del pedido del juicio y de las pruebas presentadas, no sobre la base de otro informe.

- Ya, pero el CAL actúa como actúa: se atribuye funciones que no tiene. Y si llamó a la Comisión fue para decidir sobre el juicio, así lo anunció José Serrano...

- A mí me pidieron el informe de casos para enviar a la Fiscalía.

- ¿Cree que Augusto Espinosa tiene una responsabilidad política en este caso?

- Mi opinión es que tuvo muy buenas intenciones cuando estableció un protocolo...

- ...Que no funcionó y del que no se hizo un seguimiento...

- Hubo una mala aplicación, no se activaron plenamente los protocolos, hubo problemas en la caducidad, en la decisión política de las autoridades para no actuar antes de los 90 días y tener la sanción administrativa, hubo problemas en el presupuesto de los DECE, hubo problemas en la designación de autoridades, porque no eran producto de un concurso. Sí, todos esos problemas hubo en los tiempos de Augusto Espinosa. En temas de reparación de víctimas no hubo ninguna acción. Yo estoy aquí porque creo en los derechos de los niños. Augusto Espinosa no es el niño que tengo que proteger.

- ¿Por qué no lo dijo en el CAL?

- Ahí estuvo toda la Comisión, yo no estuve sola. Yo dije: jamás podría aceptar que por negligencia se cometiera un abuso sexual contra un hijo mío. Eso les debió hacer reflexionar.

- ¿Le preocupa que la Comisión pierda legitimidad social?

- Me preocupa que, desde la prensa, desde una veedora, se esté desvalorizando un espacio que se ha creado para investigar, para que tengan voz, para dar auxilio. También interpelo a los miembros de la comisión: ¿cuál ha sido su aporte?

- Se critica lo que no ha funcionado. A los padres de Aampetra se les ofreció una atención psicológica que no se les ha dado.

- Yo no he podido, ni la Asamblea está en condiciones de hacer un acompañamiento personalizado.

- Pero se les ofreció eso. José Serrano hasta les ofreció becas...

- Nosotros hacemos control político: requerimiento de información, comparecencias, remitir casos para la revisión de procesos judiciales, para el acompañamiento psicológico...

- ¿La Comisión ofreció o no atención psicológica a las víctimas?

- Nuestra responsabilidad es gestionarlo. Quien tiene que darlo es el Ministerio de Salud.

- Salud confirma que no ha sido gestionado...

- Nosotros gestionamos a través del control político. Pero no hay una acción diligente.

- Ha dicho las palabras clave de la entrevista: control político. ¿Qué control político de los negligentes y de los no diligentes ha hecho la Comisión? Porque todo el mundo está pasando de agache en este caso. ¿Para qué sirve Aampetra?

- Para identificar lo que no se ha hecho, lo que está mal y se tiene que corregir.

- Pero eso que no se ha hecho tiene responsables políticos. ¿Quiénes son?

- Las autoridades de salud, educación, justicia...

- ¿Augusto Espinosa?

- El sistema, la política pública de la que son responsables los ministros.