Es la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Fue coordinadora del Ministerio Coordinador de la Producción, viceministra del Ministerio de Agricultura y directora ejecutiva de Proecuador.

Silvana Vallejo: “Es urgente hacer una reforma integral a la ley”

El texto, que está en manos del presidente Lenín Moreno, fue trabajado durante más de tres meses con la consulta a más de 5.000 ciudadanos y expertos en la materia.

Otro hoyo para ocultar corrupción. Durante el gobierno anterior, los procedimientos de compras públicas perjudicaron al Estado y beneficiaron a pocos. Silvana Vallejo, titular del Sercop, conversó con EXPRESO sobre lo encontrado.

- Según la denuncia presidencial, en el gobierno anterior se transó 18.000 millones de dólares en compras ‘a dedo’. ¿Cómo se operó?

- Tuvimos una asistencia técnica del Banco Mundial. Con ellos recopilamos todos los datos y separamos cuánto fue por régimen especial y cuánto se contrató por régimen común. El régimen especial es un mecanismo abreviado para situaciones extraordinarias. Sin embargo, la ley vigente permite un escenario demasiado amplio para ese tipo de contratación. Esto, en manos de gente que tiene otras intenciones es negativo. La suma de los últimos cinco años de contratación por régimen especial es de 18.000 millones.

- ¿Qué sectores optaron por esta vía que permite la contratación sin controles?

- En todos. Se destacan la construcción de obras y los sectores estratégicos.

- ¿La contratación a dedo recayó en pocas manos?

- El régimen especial no permite un control previo del Sercop. Son más de 400.000 procesos y no tenemos en detalle cómo se realizaron porque salen directamente de las entidades públicas. Yo no tengo esa información, eso maneja e investiga la Contraloría.

- ¿Cuánto contrató el Estado en esos cinco años?

- Unos 39.000 millones de dólares. Cerca del 50 % de las compras públicas realizadas a través de contratación directa.

- ¿Se eliminará la contratación por régimen especial?

- El lineamiento del presidente es prohibir el régimen especial. Eso amerita una modificación en la ley. Nosotros hemos enviado una propuesta de reforma integral.

- ¿Entre las modificaciones se agregan sanciones para el sector público?

- Sí. Puede ser destitución del funcionario, suspensión de la compra o a toda la entidad. Es urgente hacer una reforma integral a la ley para fortalecer el control de las compras.

- El Gobierno denunció a 43 oferentes únicos que acaparaban contratos, ¿quiénes son?

- No es la intención hacer daño a la empresa. Nosotros hemos procedido a retirar a los 43. Están en el sector salud, eléctrico y utensilios para gente discapacitada. Teníamos monopolios.

- ¿Cómo se permitió la formación de monopolios?

- La ley establece la preferencia para la producción nacional. Eso es positivo pero es a un sector de competencia y no a una sola empresa. Ahí está la ilegalidad. A pocas empresas se les catalogó como proveedores únicos aunque nunca se consultó a quiénes deben comprar. Un ejemplo son los reactivos médicos. Nunca se consultó al Ministerio de Salud si esos reactivos quiere el sistema de salud. Procuraduría determinó que eso es ilegal.

- ¿Cómo se lograría el ahorro de 400 millones anunciado?

- Con la reforma legal, la eliminación de proveedores únicos, capacitaciones, certificación a funcionarios y mayores controles.

- ¿Qué más detectó el Banco Mundial en su análisis?

- Detectamos que las instituciones públicas comienzan a contratar en octubre, noviembre y diciembre para acabarse su presupuesto, pero sucede que en esos meses los precios son más altos. Debe existir una planificación.