Fue en enero. La promesa de las autoridades, para solucionar la irregularidad en la rehabilitación de drogas en Guayaquil, era buscar un acercamiento con los dueños de esos centros, para que cumplieran estándares de calidad y, así, obtuvieran su licenciamiento.

Once meses han pasado y, según sus dirigentes, lo único que han recibido del Municipio de Guayaquil ha sido el silencio. Por eso, ataviados con camisetas blancas, más de 20 dueños de clínicas en proceso de licenciamiento, 10 padres de familia y más de 10 internos de las mismas, acudieron ayer hasta la institución para realizar un plantón pacífico y pedir que los escuchen.

Como ya ha publicado EXPRESO, desde inicios de año están tratando de obtener el permiso de uso de suelo, que les faculte a continuar con el proceso para sacar la licencia de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess). Ayer la respuesta fue la misma: el silencio.

A pesar de que dos funcionarios municipales -que dijeron no tener autorización para dar declaraciones- salieron a escuchar sus peticiones, ellos no pudieron conversar con la alcaldesa Cynthia Viteri, con quien esperaban reunirse.

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Su preocupación, explica Cinthia Intriago, representante de la Asociación de Centros Especializados en el Tratamiento de Alcohol y Drogas (Acetade), es que no hay un pronunciamiento claro y oficial de parte de la entidad, para saber qué camino tomar en vías de conseguir la licencia.

Expone que mientras que el Acess ha realizado múltiples acompañamientos y visitas a sus centros para guiarlos sobre la matriz de requisitos que deben cumplir, el Municipio “jamás nos ha dado una respuesta”.

“Desde esta semana (la semana pasada), en conjunto con el Ministerio de Salud (MSP) empezamos a hacer la revisión de cada una de ellas (73 clínicas de rehabilitación en proceso de licenciamiento). Cuando el MSP nos diga a nosotros (Municipio) que el local está capacitado con la debida seguridad, le daremos los permisos respectivos. Así trabajaremos en conjunto”, dijo la alcaldesa Cynthia Viteri en una sesión de concejo cantonal, en la que se discutió el tema de los permisos de funcionamiento.

No obstante, Intriago no está de acuerdo con ese “trabajo en conjunto” entre el Municipio de Guayaquil y el MSP. “Ellos deben considerarnos a nosotros, porque nosotros trabajamos en el campo, no ellos, porque ellos están sentados en su escritorio. Nosotros somos los que vivimos la realidad. Queremos que nos tomen en cuenta”, dijo Intriago.

Este Diario trató, nuevamente, de tener una entrevista con un representante municipal que explicara cuál es el proceso para que estos centros obtengan sus permisos de funcionamientos, pero hasta el cierre de esta edición, dijeron que estaban en una reunión.

Los representantes entregaron un nuevo oficio para buscar un acercamiento con la alcaldesa. El 21 de octubre pasado, ya habían enviado otro documento similar, que tampoco tuvo respuesta.

Azucena Murillo, madre de familia de una joven en proceso de rehabilitación, también acudió al plantón porque teme que los centros cierren. Ella, junto a otros manifestantes, llevaron pancartas, que no pudieron abrir porque funcionarios municipales les sugirieron que no lo hicieran.