Un grupo de 18 empresas de seguridad privada ganan una y otra vez contratos para dar sus servicios de vigilancia. Hasta aquí, en apariencia, no habría nada malo, sin embargo la forma cómo consiguen las adjudicaciones sería mediante métodos ilegales, concretamente hackeos

Este jueves 24 de noviembre de 2022, Sara Jijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, presentó en la Fiscalía de Pichincha una denuncia.

En esta se explica cómo los desconocidos “trampean el Sistema Oficial de Contratación del Estado y buscan que algunos proveedores sean beneficiados”. De esta forma, solo un grupo pequeño de compañías se lleva, una y otra vez, los contratos, “causando prácticas desleales”.

El mecanismo utilizado es el Catálogo Electrónico. En este proceso se realizan pujas en línea. Decenas de empresas de seguridad se presentan para pujar, pero en el momento de llenar los valores hay compañías que en un minuto ingresan decenas de valores u ofertas en un mismo minuto.

Una puja irregular se dio el 20 de octubre pasado. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias buscaba una empresa de seguridad. En juego estaba un contrato por 1,4 millones de dólares. Ese día, en 10 minutos se ingresaron 644 ofertas. Un solo oferente presentó cuatro ofertas en un segundo. “Es humanamente imposible, porque hay que rellenar los datos de la empresa y mucha información que en un segundo no alcanza. Esto solo puede hacerlo un programa por computación”, dijo uno de los oferentes que participó y no ganó. Otra dueña de una empresa de seguridad reveló que hay “hombres desconocidos” quienes les llaman por teléfono y solicitan hasta el 6 % del valor del contrato para garantizarles que obtendrán el contrato. Si no acceden a entregar montos entre los 20.000 dólares y más de 100.000 dólares simplemente se quedan sin trabajar.

“Esto es desleal. Lo único que pedimos es que todos podamos competir, porque desde octubre no se ha dado ni un solo contrato sin manipulación”, dijo otro pequeño empresario.

Ellos se han organizado en un grupo, pero tienen miedo de dar sus nombres pues desde que denunciaron estos hechos en el Sercop han sido amenazados. La mayoría tiene empresas de seguridad pequeñas.

La directora del Sercop, Sara Jijón, comentó que esta denuncia es la número 36 que presentan en la Fiscalía y ningún caso ha avanzado a instrucción fiscal. Todos los casos siguen en indagación previa pese a que ha presentado indicios sobre la manipulación del sistema informático o sobre la falsificación de documentos durante las fases precontractuales.