El juicio penal tramitado en contra del vicepresidente Jorge Glas, su tío y otras personas, culminó de acuerdo con la ley, con la sentencia condenatoria dictada por los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia. Este proceso penal es histórico, porque por primera vez en la vida política nacional se condena por la comisión de un delito al vicepresidente de la República. Es histórico, asimismo, porque el vicepresidente sin dar una explicación ética, no renunció a las altas funciones que ostenta, como debió haberlo hecho en cuanto fue procesado; pues una situación es la del estado de inocencia y otra la de la dignidad personal y de la actitud moral de un mandatario para con el pueblo que representa. No hay una buena imagen de nuestro país en el exterior. No hay la seguridad jurídica ni la confianza para que alguien nacional o extranjero piense seriamente en invertir en el Ecuador si su vicepresidente está procesado penalmente. La sentencia condenatoria es por el delito de asociación ilícita, que es un delito medio para cometer otros tipos de delitos. La sentencia condenatoria en este aspecto es clara, por lo que dispone que el fiscal general de la nación de inmediato inicie, si es que aún no se han iniciado, indagaciones previas por los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, que fueron los delitos para los cuales se constituyó dicha asociación ilícita. Esta es una tarea impostergable que por motivo alguno puede detenerse. El pueblo ecuatoriano exige a la justicia que actúe con independencia, sin temor a nada ni a nadie, y que vea cómo otras administraciones de justicia tienen en las cárceles o prófugos a expresidentes de la República, ministros de Estado y altas personalidades. Por otra parte, hay que recordar que muchos de los delitos que van a investigarse son imprescriptibles, tanto para el ejercicio de la acción penal como para la pena, lo que permite que pueda y que deba llegarse hasta la cabeza principal de esta organización corrupta que dilapidó los dineros del Estado, que son dineros del pueblo ecuatoriano.