El contexto. Dos años después de que se dicte la sentencia del Caso Sobornos, en Guayaquil, un panel de distinguidos juristas participó de un seminario internacional para analizar uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.

El Caso Sobornos configura un capítulo más del Lawfare en Latinoamérica. Sentencia que, para el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, está nutrida de inconsistencias y que omite lo esencial: probar el cometimiento del delito.

- ¿Cuáles son las principales fallas que tiene el caso?

- Primero, no hay pruebas. La sentencia es una acumulación de documentos y dichos que no demuestra la participación de cada uno de los condenados. Segundo, los jueces (que intervinieron en todas las instancias del caso) eran provisorios y, en consecuencia, no eran imparciales.

- ¿Por qué señala que el caso tuvo un tratamiento dogmático?

- Se manipulan conceptos dogmáticos artificialmente de una manera en que, estoy seguro, ninguno de los autores que se cita lo autorizaría. Se manipula el concepto del derecho penal de fondo para eludir la orfandad de pruebas.

- ¿Por qué la teoría del influjo psíquico no aplicaba?

- Si el influjo psíquico quiere decir que yo determino motivacionalmente a otro a cometer un delito, puede ser. Pero si por ello quieren decir que soy el dueño de la banda es porque tendría poderes extraordinarios. Un presidente de la República no tiene poderes extraordinarios. Se usa la expresión como si Rafael Correa habría tenido unos poderes especiales y no el hecho normal del instigador.

- ¿El Caso Sobornos es particular en la región o tiene conexión con otros países?

- Cada país tiene su particularidad. El hilo conductor es que los procónsules de los intereses financieros transnacionales cuando llegan al poder, con el apoyo de partidos políticos mediáticos, instrumentan el Poder Judicial de distintas formas. En Ecuador fueron jueces nombrados irregularmente por la consulta popular de 2018.

- ¿La consulta popular de 2018 es el origen?

- Claro, ese contexto fue lo que le dio origen a la irregularidad. Uno que cuyo advenimiento no fue capaz de parar el sistema interamericano... debió dar lugar a las medidas provisionales que le había solicitado la comisión de Washington. El único voto en contra fue el mío.

- ¿Cuáles son sus críticas hacia las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado?

- Las pruebas del caso se remiten a dos supuestas arrepentidas. En este caso, los dichos de estas personas están ratificados por un cuaderno o por mensajes, pero que parten desde las mismas arrepentidas. Además, al cuaderno le arrancaron el código de barras, está escrito con diferentes bolígrafos y en tiempo presente cuando se supone que se refiere a un hecho pasado.

- Usted señala que el caso es un ejemplo de persecución política, ¿qué rol juegan los medios de comunicación?

- Es fundamental. Es el nexo que une lo judicial, político y de inteligencia. Sin los medios de comunicación no se podría hacer. Hoy la ideología es la neoliberal. En ese contexto, las corporaciones mediáticas responden al interés financiero. Los países se convierten en partidos políticos mediáticos.

- ¿Qué le queda por hacer a los perseguidos políticos?

- Las instancias internacionales tienen tiempos que no son los de la política y, quizás, ni siquiera tiempos humanos. No soy ingenuo, este tipo de sentencias y persecuciones partidistas solo tienen solución en la política. Las condenas a Perón terminaron por una amnistía, por un indulto. No todo se resuelve en el campo del derecho, tenemos límites.

- ¿Y para aquellos que lo permitieron?

- La solución es política. No esperemos soluciones jurídicas. Lo jurídico es lo que hemos repasado. El hecho ha sido una arbitrariedad política y el pueblo en la calle es quien lo va a pedir.

- ¿El caso quedará como paradigmático?

- Sí, porque ha tendido una característica de que terminaron proscribiendo a todos los procesados.