El Senado opositor, a cargo del ‘caso Dilma’
Es golpe porque no hay crimen. Yo nunca, nunca recibí dinero, yo no estoy acusada.Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil
La oposición brasileña obtuvo ayer, en sendas votaciones, los dos principales cargos de una comisión de senadores que analizará si la presidenta Dilma Rousseff debe responder a un juicio político con miras a su probable destitución. La comisión celebró su primera reunión y decidió que la presidencia será ejercida por Raimundo Lira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que ha roto con el Gobierno y es liderado por el vicepresidente Michel Temer, quien asumiría el poder en caso de una destitución.
El cargo de instructor, que elaborará un informe que recomendará procesar a Rousseff o archivar el caso, recayó en Antonio Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y quien fue elegido en medio de la queja generalizada del oficialismo.
El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, alegó que un senador del PSDB, el más férreo opositor del Gobierno, no tendría la “imparcialidad” necesaria para la redacción de ese informe, pero la oposición se impuso y Anastasia fue respaldado por 16 votos, frente a 5 en contra.
Según el senador Linderbergh Farías, del PT, la elección de Anastasia “es una provocación” y “mancha desde el primer día el trabajo de una comisión que tiene que decidir el futuro de una presidenta elegida con 54 millones de votos”.
La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara alta, tendrá diez días para debates, en los que serán escuchados tanto los responsables de la acusación, que se fundamenta en maniobras fiscales irregulares, como de la defensa de Rousseff, representada por la Abogacía General del Estado.
Concluidos los debates, será votado el informe que elaborará el instructor, que en caso de ser aprobado y recomendar la apertura del juicio político contra Rousseff pasará al pleno del Senado.
Si en esa instancia, la mayoría simple de los 81 senadores (41 votos) se inclina por la instauración del proceso, la mandataria será separada de su cargo durante los 180 días que puede demorar el proceso y sería sustituida durante ese periodo por Temer.
En caso de que el juicio concluya con la destitución de Rousseff, el actual vicepresidente deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
Sobre ese escenario, Rousseff aseguró ayer que “quien la juzga” es “corrupto”, mientras que contra ella no pesa “ninguna” acusación por haber recibido dinero procedente de corrupción.
“Ellos son acusados, yo no tengo acusación. Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto”, afirmó Rousseff en alusión a algunos legisladores, durante un acto celebrado en Salvador, capital del estado de Bahía (nordeste).
La presidenta se refirió concretamente al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, adversario político de Rousseff y quien fue el encargado de aceptar a trámite el juicio político con miras a la destitución de la jefa de Estado.
“Todo el mundo sabe que tiene cuentas en el exterior y que está acusado por el Ministerio Público (Fiscalía)”, señaló, mientras que los presentes coreaban “Fora Cunha” (Fuera Cunha). Rousseff dijo ser víctima de una “gran injusticia” e insistió que no cometió ningún “crimen de responsabilidades” que argumente la apertura de un proceso de destitución en su contra.
Según comprobó el Tribunal de Cuentas, el Gobierno atrasó en 2014 y 2015 el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral. En la práctica, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.