La Fiscalía tiene más elementos para sus investigaciones sobre la trama de corrupción de Odebrecht. La Contraloría General del Estado le entregó ayer 10 informes con indicios de responsabilidad penal relacionados con seis contratos de obras.

La documentación fue aprobada por el contralor subrogante Pablo Celi, y es el resultado de la revisión dispuesta a los informes de auditoría que se habían realizado a esos contratos, durante la gestión del excontralor Carlos Pólit, actualmente procesado por presunta asociación ilícita en el caso. El exfuncionario, sobre quien pesa una orden de arresto domiciliario, está prófugo y se encuentra en Estados Unidos.

Los indicios de responsabilidad penal se desprenden, entre otros, de la revisión de dos exámenes al proyecto hidroeléctrico Manduriacu. Ahí se auditaron el proceso precontractual y de ejecución del proyecto, así como los cambios, reajustes y mejoras a los diseños, un contrato complementario de consultoría, el incremento de cantidades de obra y creación de rubros nuevos.

También se hallaron presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y fiscalización para la pavimentación de la vía km 104, la construcción del puente Gringo Pepe y el mantenimiento de la vía Chontal, que forma parte del proyecto Manduriacu.

En el proyecto del trasvase Daule-Vinces se revisaron también dos auditorías. La Contraloría estableció que no se suscribieron documentos que detallen las variaciones en los rubros, por lo que no se pudo conocer el valor real del proyecto. Asimismo, que se pagaron más de $ 7 millones que no estaban establecidos en el contrato, según el ente de control.

De la verificación de dos exámenes al proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, se identificó, por ejemplo, que las propuestas presentadas por los oferentes durante la licitación superaron el presupuesto establecido.

Los auditores establecieron además pagos en exceso injustificados a favor de la fiscalizadora e incumplimiento de responsabilidades como la verificación de la exactitud de las cantidades de obra de acuerdo con las especificaciones técnicas.

En la construcción del acueducto presa La Esperanza, se concluyó que para la ejecución de esta obra la empresa Refinería del Pacífico Eloy Alfaro no contó con los recursos económicos necesarios y que tampoco dispuso de los terrenos requeridos para la instalación de la tubería de conducción. Según la Contraloría, el incremento en el caudal de diseño elevó el costo en más de 6,5 millones de dólares.

Tras el análisis de otro examen a ese proyecto, se estableció que el desarrollo de la ingeniería de campo generó aumento y disminución de las cantidades de obra, creación de rubros y la necesidad de fondos adicionales para la terminación del proyecto. Así también, la reprogramación de horas-hombre se utilizó para justificar valores planillados sin sustento.

El último informe con indicio de responsabilidad penal se desprende de la revisión a los trabajos de preparación del área de implantación del proyecto de la Refinería del Pacífico. La supervisión evidenció incumplimientos en la calificación del parámetro “Participación nacional”. La Contraloría señala que se otorgaron 10 puntos a los dos primeros oferentes, sin respetar el orden de prelación dispuesto en los pliegos de contratación.

El organismo de control informó que los informes con indicios de responsabilidad penal derivados de exámenes especiales realizados en varias instituciones públicas, fueron aprobados y remitidos a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.