Está obligada contractualmente a cubrir, por $ 564,60 desde el riesgo de indemnización del carro de la Dirección Distrital de Educación de los pequeños cantones orientales de El Chaco y Quijos, hasta el de las operaciones de 155 aeronaves de las Fuerzas Armadas y sus tripulaciones, a cambio de un pago de $ 23’377.129,02.

Beneficiaria de una disposición presidencial que en 2009 obligó a las entidades públicas a contratar directa y exclusivamente con aseguradoras de la misma índole, la empresa Seguros Sucre se alza hoy con la etiqueta de mayor contratista del Estado.

La compañía, que tiene como principal accionista a la Corporación Financiera Nacional (CFN), es adjudicataria de contratos que, desde 2015 hasta noviembre de 2017, suman $ 339’601.702,63, de acuerdo con reportes del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

En ese periodo, las adjudicaciones fueron otorgadas por 583 organismos y dependencias del sector público. Las contrataciones incluyen la cobertura de seguros de importantes propiedades del Estado, como equipos militares y policiales, material bélico, centrales hidroeléctricas, infraestructura eléctrica y petrolera, hospitales, entre otros.

La aseguradora desplaza así a cinco empresas chinas -contratadas para la ejecución de grandes obras en el país- y otras compañías privadas que hasta hace pocos meses tenían a su haber los mayores montos de contratación en el sector público (ver infografía).

La ventaja competitiva le ha permitido afianzarse también como líder del mercado nacional de seguros, según las cifras que reporta la Superintendencia de Compañías. En 2017, a octubre, la aseguradora del Estado tiene $ 212’016.617,5 en primas netas emitidas, que representa una participación del 16 % del pastel del negocio, donde participan 33 compañías.

De igual modo, en este año ocupa el primer lugar en cuanto a patrimonio, con $ 73’098.051,33; y ganancias, con $ 12’127.076,25.

Sobre las circunstancias que han llevado a Seguros Sucre a consolidarse como líder del negocio y a convertirse en el mayor contratista del sector público, hay opiniones contrapuestas.

A decir de las autoridades de la empresa, es producto de una reorganización efectuada en 2013, que incluyó la salida de funcionarios. “Las evidencias están en que la compañía como tal subió en más de 10 veces el valor de sus utilidades después de esos cambios, llegando a tener utilidades que superan los 20 millones por cada uno de los años”, resalta Diego Guzmán, presidente del directorio (ver entrevista).

Eduardo Peña Triviño, un experimentado asesor de seguros, en cambio, atribuye la destacada posición de la aseguradora al hecho de que se trata de un monopolio estatal.

“Eso explica por qué Seguros Sucre lidera el mercado. Su cliente principal es el mayor empresario del país, que es el Estado y hay un mandato para ello, que viene desde el Gobierno de Correa, que no ha cambiado”, recuerda Peña, quien dejó la gerencia de esa empresa en enero de 2007.

La disposición que refiere el experto es una circular presidencial emitida el 24 de marzo de 2009 que dispuso a los ministerios de Gobierno contratar directamente con Seguros Sucre en todas las áreas en donde intervengan entidades públicas.

Peña cree que esa exclusividad le ha quitado la oportunidad a aseguradoras medianas de compartir al menos el 50 % del monto total en primas que hoy reporta Seguros Sucre.

Guzmán considera correcto el direccionamiento para la contratación del Estado. “A la postre, está demostrado que eso ha beneficiado tanto a los asegurados como a la compañía aseguradora”, alega.

Respecto de este tema, EXPRESO pidió un pronunciamiento a Patricio Salas, representante de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo.

Los problemas de hoy

Durante el Gobierno de Rafael Correa, la aseguradora estatal estuvo metida en controversias judiciales y no faltaron denuncias por presuntos actos de corrupción. Varios de sus gerentes, señalados por esos casos, fueron separados de sus cargos.

El actual directorio sostiene que, en cuanto a problemas, “no hemos tenido sino solo los típicos del giro de un negocio como por ejemplo, cuando alguno de los asegurados cree que tiene derecho a algo, que quizás no necesariamente estuvo contratado, y al no estarlo, pues obviamente, no existía un seguro, por lo tanto, tampoco un reaseguro y no se puede pagar”, afirma Diego Guzmán.