Los seguros medicos a debate en la Asamblea
360 millones de dólares fue la facturación de las aseguradoras privadas, según sus datos.
Siguen apareciendo observaciones. El proyecto de ley para regular a las compañías que brindan servicios integrales de salud prepagada sumó, ayer, nuevas críticas que aplazaron su aprobación en la Asamblea.
El debate fue intenso. La oposición cree que, si bien la regulación es necesaria, una normativa rígida y sin sustento técnico puede llevar a que las empresas privadas que brindan este servicio quiebren en el mediano plazo.
La propuesta, entre otras cosas, obliga a las aseguradoras a cubrir el financiamiento para la atención de toda emergencia médica, hasta llegar al monto de la cobertura contratada, sin condicionamientos.
Tampoco se podrá excluir o discriminar a un usuario por la existencia de enfermedades preexistentes declaradas, enfermedades catastróficas o dificultar la renovación de contratos para personas que llegan a la tercera edad.
¿Cuál es el cuestionamiento? El asambleísta Social Cristiano Moisés Tacle, reconoce que él mismo ha visto cómo las empresas aseguradoras aplican cambios inesperados con el argumento de que aumentó la tasa de siniestralidad.
“Pero cuidado y el remedio sale peor que la enfermedad. Una regulación excesiva puede llevar a dos cosas: o dejan de prestar el servicio o tienen que hacer ajustes en sus precios si les obliga a hacer todo tipo de coberturas”, dijo.
Las empresas aseguradoras, de acuerdo con el proyecto, deberán contar con un capital social de 800.000 dólares y no de 80.000 dólares como es actualmente. Además, no podrán realizar actividades diferentes a la financiación de servicios de atención de salud prepagada.
La asambleísta oficialista Pamela Falconí resaltó este último punto. Ella no quiere que pase lo que sucedió en países vecinos donde empresas aseguradoras de salud quebraron.
¿El motivo? “Se dedicaron a hacer otras actividades que no les correspondían, como, por ejemplo, patrocinar a equipos de fútbol, construir colegios y condominios y comprar vehículos”, puntualizó.
Pero el punto neurálgico de la normativa se concentra en el artículo 15, que hace referencia al financiamiento de servicios como el traslado de enfermos por vías aéreas, fluviales o terrestres, y la atención de enfermedades hereditarias, congénitas y genéticas.
Mae Montaño, del movimiento CREO, sospecha que tras la amplitud de servicios que establece la propuesta hay una intencionalidad: “Que las deficiencias y debilidades de la red de salud pública sean asumidas, por obligación, por las empresas privadas”.
Las sugerencias también llegaron de parte de la bancada oficialista. Al final, se suspendió la sesión de votación.
