Seguridad social III

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Seguridad social III

Con motivo de la gravísima crisis de la Seguridad Social, se habla de hacer un convenio o acuerdo tripartito entre quienes por mandato constitucional conforman el gobierno del IESS, es decir: los asegurados, los empleadores y el Estado. Sin embargo, no es el momento de acuerdos o declaraciones líricas, toda vez que la situación amerita acciones radicales e inmediatas.

El diagnóstico situacional sobre la génesis de la tragedia del IESS se fundamenta en la amputación del 40 % del fondo de pensiones y el pago de las atenciones de salud a los jubilados.

Es así, que el art. 237 de la ley es hábilmente reformado mediante la “ley para la justicia laboral”, la cual descapitaliza al fondo de pensiones, sin que esta descapitalización haya sido sugerida o dispuesta por persona o autoridad alguna.

En materia de salud, la atención de los jubilados se sustenta en los artículos 10 b; 24 y 106, donde se establece que los jubilados tendrán derecho a ser atendidos en cualquiera de las unidades de salud del IESS, a cargo de la contribución financiera del Estado, en la misma forma y con los mismos privilegios que los aportantes activos.

Marrullerías del que sabemos y sus compinches pretendieron borrar la deuda de los estados contables del IESS, mas la Contraloría determinó la existencia de la tal deuda. No obstante, en el presupuesto del 2019 no existe partida o valor alguno que reivindique los derechos de los jubilados. El Estado debe cumplir sus deberes y el Gobierno que lo representa, sus obligaciones.

Hay quienes piensan en la conveniencia de derogar la ley 2001, que está bien concebida y que debería ser únicamente reformada para ponerla a la altura de las exigencias de los tiempos, modernizándola. Lo que sí deberá hacerse de inmediato es derogar la resolución 501 que, basándose en una anticuada y absurda “resolución transitoria de hace 16 años”, permitió el traspaso de fondos de pensiones a salud, soslayando la pena señalada en el último inciso del artículo 54, que establecía para quien entregase fondos de una partida a otra, una pena de 3 años de prisión.

Y sigo andando...