Los negociados resisten a casi todo. Dentro de la empresa pública Petroecuador aún se encuentran huellas de las administraciones correístas que estuvieron plagadas de sobreprecios y afectaciones para el país. El contrato en seguridad privada es uno de los muchos ejemplos. Recién en octubre, la estatal logró separarse de una empresa adjudicada -pese a denuncias y órdenes técnicas de no proceder- por el ahora sentenciado exgerente general, Álex Bravo.

No fue sencillo. El Consorcio Oro Negro firmó un contrato con Petroecuador en marzo de 2016 -en la gerencia de Bravo- para ofrecer seguridad privada por 38,9 millones de dólares. Eso, pese a que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ordenó que no se firme ese contrato porque se detectaron anomalías graves.

No solo que se firmó sino que se extendió hasta noviembre de este año. Luego de la finalización del contrato principal, en marzo de 2018, se firmaron dos contratos complementarios por casi 13 millones de dólares.

La falta de un nuevo concurso para buscar una empresa de seguridad obligó a que la cuestionada Oro Negro siga sirviendo a Petroecuador. Desde el 18 de diciembre de 2018 -y hasta noviembre de este año- se firmaron once convenios de pago por $ 20,3 millones a favor de una empresa que no debía ser adjudicada desde el inicio.

Es decir, el consorcio Oro Negro recibió 72,5 millones de dólares del Estado cuando, originalmente, solo firmó por 38,9 millones.

Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, explicó que intentaron hacer dos concursos por régimen común para buscar un nuevo proveedor, pero se presentaron trabas y se declararon desiertos y cancelados.

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, cree que más que trabas, los procesos no contaron con la planificación necesaria.

Sin importar la razón, Oro Negro continuaba recibiendo dinero del Estado. Entonces se recurrió a otra alternativa. Se declaró en emergencia a la petrolera para hacer una contratación directa.

La movida de Petroecuador fue cuestionada porque, según analistas, se hizo un concurso sin los canales transparentes e invitando a postulantes específicos. Flores, sin embargo, defiende su decisión.

Según explicó a EXPRESO, la convocatoria de emergencia estuvo motivada y buscaba que no se continúe con convenios de pagos temporales. Además, se invitó a presentar propuestas a cuatro empresas -ninguna vinculada a Oro Negro- con miras a un precio más bajo que el adjudicado en 2016.

Las cuatro empresas invitadas no presentaron ofertas separadas. En cambio, se unieron para ofrecer el servicio de seguridad en los 1.200 puntos, alrededor de todo el país, donde Petroecuador requiere el servicio.

El consorcio Insigne, por dos años, recibió 36,2 millones de dólares. 2,7 millones menos que lo firmado en 2016.

El ahorro no es lo único que destacan las autoridades. Desde la adjudicación, en octubre y aplicada desde noviembre, se hacen controles de los $ 3,6 millones pagados por anticipo. Este Diario accedió a los cheques y justificativos que se presenta a las autoridades cada semana. Hasta la fecha, el dinero se utiliza exclusivamente para proveer el servicio.